La Justicia Federal dispuso la prisión preventiva por 100 días para los siete efectivos de la Policía del Chaco imputados por el intento de sustracción de nueve kilos de cocaína durante un operativo oficial de incineración de estupefacientes realizado en Colonia Benítez. La medida fue ordenada por la jueza Zunilda Niremperger, quien consideró acreditados los riesgos procesales, aunque fijó un plazo menor al solicitado por la fiscalía, que había requerido 199 días de detención.
La resolución se conoció tras más de seis horas de audiencia, en la que cinco de los imputados declararon y dos optaron por guardar silencio. En paralelo, la magistrada habilitó pericias para el avance del expediente: el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados, medidas que el fiscal Patricio Sabadini considera centrales para reconstruir la presunta maniobra y determinar eventuales vínculos, beneficiarios y circuitos de comercialización.
Según pudo saber Libertad, parte de las defensas ya presentó impugnación contra la prisión preventiva, por lo que la decisión será revisada por la instancia superior. El planteo defensivo cuestiona la extensión de la medida y la valoración de los riesgos, aunque la jueza entendió que el contexto del hecho —cometido durante un acto judicial de destrucción de droga— agrava la situación procesal.
Los imputados y las acusaciones
La causa alcanza a oficiales y suboficiales vinculados al área de Consumos Problemáticos de la fuerza provincial. Están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la condición de funcionarios públicos, intervención de tres o más personas y peculado, conforme la acusación del fiscal federal Patricio Sabadini. Todos permanecen alojados en dependencias federales, principalmente en Prefectura Naval Argentina (Barranqueras).
Entre los imputados figuran: Néstor Ariel Urne Canteros, Lucas Exequiel Martínez, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta, Rubén Héctor César Alegre, además de otros dos efectivos también alcanzados por la preventiva. La defensa está a cargo de Gabriela Tomljenovic, Olga Mongelós, Ricardo Osuna y Juan Varas, según el caso.
La maniobra investigada
El hecho se produjo durante una quema oficial en la que se destruyeron más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína, uno de los operativos más importantes del año en la provincia. La irregularidad fue detectada cuando el procedimiento ya estaba en su etapa final, luego del pesaje del material. Un control judicial posterior advirtió anomalías en el circuito de custodia, lo que derivó en la intervención inmediata de fuerzas federales y la detención de los siete policías.
Uno de los datos más sensibles incorporados al expediente es el hallazgo de un “ladrillo de yeso” en una mochila, presuntamente destinado a sustituir la cocaína que debía ser incinerada.
Medidas administrativas y contexto institucional
En paralelo al proceso penal, el Ministerio de Seguridad del Chaco ordenó la suspensión preventiva de los siete efectivos, con retención de haberes, y la apertura de sumarios internos. Desde la conducción policial calificaron el episodio como “grave y de extrema preocupación institucional”.
La investigación se tramita bajo el nuevo sistema acusatorio federal, vigente en la región desde diciembre, que otorga al Ministerio Público Fiscal la conducción del proceso. Con el levantamiento de secretos y las pericias digitales en marcha, la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad individual y establecer si el presunto desvío fue un hecho aislado o parte de un esquema más amplio de irregularidades.
En cuanto a la asistencia legal, cinco de los efectivos son defendidos por las abogadas Gabriela Tomljenovic y Olga Mongelós, mientras que los dos restantes cuentan con la representación de los abogados Ricardo Osuna y Juan Varas. La estrategia defensiva ya comenzó a desplegarse con la presentación de impugnaciones a la medida de prisión preventiva dispuesta por la Justicia Federal.
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