Mauro Andión y otros exfuncionarios deberán ser investigados tras la condena del piquetero Barraza

La condena a Carlos Iván Barraza, sentenciado a 10 años de prisión por fraude a la administración pública y peculado, no solo puso fin a un juicio extenso y cargado de testimonios. También abrió una nueva etapa que ahora pone en la mira a exfuncionarios provinciales, jefes de organismos y referentes sociales que habrían tenido participación o responsabilidades en maniobras conexas.

El veredicto dictado por la Cámara Primera en lo Criminal ordena, en al menos nueve puntos distintos, que el Ministerio Público Fiscal investigue a actores clave de la administración pública provincial durante 2022 y 2023, años en los que se habrían ejecutado irregularmente fondos, viviendas, terrenos y recursos estatales vinculados a movimientos sociales y estructuras de poder territorial.

Mauro Andión, ex titular del IAFEP, en la primera línea de investigación

Uno de los nombres centrales es el de Carlos Mauricio “Mauro” Andión, quien estuvo al frente del IAFEP. La sentencia señala que deberán investigar su presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales a personas o movimientos sociales que “no reunían condiciones mínimas” para recibirlos.

El tribunal también menciona a Laura Moreno, y deja abierta la puerta a “otros posibles responsables que surjan de la investigación”.

En el fallo se aclara que esta línea se desprende directamente de lo expuesto durante el debate oral:“Correr vista al equipo fiscal (…) a fin de investigar la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023 (…) mencionándose a Carlos Mauricio Andión y Laura Moreno”.

Función Pública bajo la lupa: terrenos, viviendas y adjudicaciones irregulares

La sentencia ordena profundizar en adjudicaciones presuntamente irregulares de terrenos y viviendas en Villa Barberán, específicamente en calles Ushuaia y Pasaje Villa Carlos Paz, donde se detectaron construcciones relacionadas a la Asociación Civil Humildad, vinculada a Barraza.

Las investigaciones alcanzan a quienes estuvieron a cargo de:

• Secretaría o Subsecretaría de Ordenamiento Territorial (2022–2023), por posible entrega irregular de RUBH y omisión de controles.

• IPDUV, por viviendas construidas “parcialmente y sin control aparente” en los mismos terrenos.

SAMEEP: posibles omisiones y delitos funcionales

Otra línea ordena indagar a quienes presidieron SAMEEP en 2022 y 2023 por la posible “omisión de controlar” el accionar de Barraza y su entorno. Según los testimonios del juicio, esa presunta falta de supervisión habría permitido: prácticas coactivas, utilización irregular de personal, afectación del patrimonio de la empresa estatal y perjuicio en derechos laborales de los trabajadores.

Otros nombres en la lista: Palacios, Ramírez y familiares del condenado

El fallo también ordena indagar la recepción y destino de fondos públicos por parte de: Romina Palacios, Walter Ramírez, y sus respectivos movimientos o fundaciones.

Asimismo, instruye investigar a Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi por presuntas maniobras vinculadas a horas extras, marcación indebida de asistencia y uso de vehículos oficiales.