“Nos afecta a siete comercios que están bien instalados, no hubo accidentes en cinco años”, aseguró en declaraciones con los medios.
Rafart explicó que la postura oficial del Municipio se basa en cuestiones de seguridad, aunque desde el sector gastronómico consideran que “los balcones se pueden asegurar” y que no representan un riesgo. “Nos dijeron que eran inseguros, pero nunca propusieron trabajar en conjunto para mejorarlos”, afirmó.
En ese sentido, detalló que existieron dos reuniones previas con funcionarios municipales, pero en ninguna se anticipó la decisión de desmontar las estructuras. “Lo del encuentro con el secretario de Economía fue más bien casual, sin definiciones. Cada uno se mantuvo en su posición”, agregó.
El conflicto generó preocupación en el sector, que atraviesa una situación económica delicada. “Los balcones fueron una herramienta útil en pandemia y hoy siguen siendo clave para atraer clientes. Esta decisión no solo afecta a los bares, sino también al movimiento económico del centro de la ciudad”, concluyó.
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