Trabajadores judiciales denuncian intromisión y exigen respeto por la legislación salarial

“El reclamo tiene origen en una audiencia realizada el 11 de abril, ordenada por un tribunal ad hoc que dictó la resolución 196/24”, explicó Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco. “Esa resolución pretende dejar sin efecto la Ley 3424-A, sancionada por la Cámara de Diputados, que había sido dictada en cumplimiento de la sentencia 160/20”, agregó.

Bernard recordó que, tras aquella sentencia, el Ejecutivo creó la Mesa Técnica Salarial mediante el Decreto 569/23. “Esta mesa —de la que participan el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados, los gremios, representantes de la Justicia de Paz y del Ejecutivo— venía funcionando con normalidad. Incluso hubo una reunión en febrero donde se discutió un supuesto incremento del 8,58%, que en realidad se tradujo en un 6% real sobre el sueldo neto”, detalló.

La principal preocupación del gremio radica en que el nuevo fallo desconoce la vigencia de la ley de Enganche (Ley 468-F), que garantiza la porcentualidad salarial entre los distintos estamentos del Poder Judicial. “Esta ley es el resultado de décadas de lucha y constituye un derecho adquirido para los trabajadores. Lo que se intenta hacer ahora es violentar ese derecho, al ordenar a los otros dos poderes del Estado que dicten una nueva norma”, denunció Bernard.

Para el dirigente, se trata de una “intromisión grave” en las atribuciones del Legislativo y del Ejecutivo. “El tribunal está compuesto por tres jueces del mismo fuero. Son parte del Poder Judicial y no pueden ordenar a los otros poderes que legislen como ellos quieren. La Corte Suprema ya se ha expedido en al menos tres fallos donde deja claro que esto no es posible”, remarcó.

Bernard también cuestionó que esta nueva resolución se presente como “complementaria” de una sentencia ya firme. “Eso no existe en el Código Procesal Civil. Una vez que una sentencia está firme, pasa a ser cosa juzgada. Lo que están haciendo es torcer el sentido de la sentencia original y del derecho en general. Como trabajadores judiciales, tenemos la obligación de rechazar este tipo de maniobras”, afirmó.

Además, consideró que las medidas que se están tomando favorecen exclusivamente a jueces ya jubilados. “Muchos de los que iniciaron esta demanda, como Alonso Martina, ya están retirados. Entonces, ¿de qué intangibilidad de sueldos están hablando? Cuando se discute salario, hay que sentarse en paritarias. Esa es nuestra garantía constitucional como gremio”, subrayó.

Por último, Bernard cuestionó que el conflicto institucional “se haya agravado por la pasividad del Poder Ejecutivo”. “El gobernador tiene la última palabra. Le pedimos varias veces una reunión porque esto es un tema de gravedad institucional. Están ordenando algo que no les corresponde y necesitamos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto”, reclamó.

En cuanto al desarrollo de la jornada de lucha, Bernard indicó: “Nos vamos a concentrar y permanecer frente a los tribunales. Lo mismo harán nuestros compañeros en el interior”.

Fallo pendiente de la jueza Fanta

Consultado sobre el fallo pendiente de la jueza Fanta, en el marco de una denuncia realizada por trabajadores judiciales, expresó: “Estamos expectantes de lo que resuelva el Consejo de la Magistratura. Ellos deben actuar conforme a derecho, pero estas presiones son parte del conflicto cotidiano que vivimos. No es la primera vez: ya ocurrió algo similar con el caso de la jueza Buyatti, en Villa Ángela”.

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