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Bicho de Radio
El caso Carlos Iván Barraza llega a su tramo final. Este viernes, el Tribunal dará a conocer la sentencia de un expediente que, según el fiscal Sergio Cáceres Olivera, expuso “hechos aberrantes” perpetrados por quien utilizaba su rol de dirigente social para apropiarse de dinero del Estado, bienes públicos y aportes destinados a familias vulnerables.
La investigación arrancó en enero de 2024, cuando la fiscal Liliana Irala ordenó una serie de allanamientos que revelaron un escenario mucho más complejo de lo que se suponía. Con su posterior intervención, Cáceres Olivera confirmó que existieron al menos 30 erogaciones millonarias del IAFEP a la asociación Siglo Humildad, presidida por Barraza, que jamás llegaron a destino.
Fondos para viviendas, bicicletas y obras que nunca existieron
Durante el juicio —que comenzó en julio y se desarrolló bajo estricta reserva debido al temor de los testigos— se demostró que el dinero público terminaba financiando lujos personales:
- La compra de una camioneta Hilux 0 km,
- la construcción de un quincho,
- la adquisición de lanchas y embarcaciones para una empresa pesquera creada por él mismo,
- y el uso indiscriminado de bienes y personal de SAMEEP para fines privados.
Una de las pruebas más contundentes fue el hallazgo de 47 bicicletas donadas por Lotería Chaqueña para el Día del Niño, que nunca fueron entregadas. Meses después del evento, estaban guardadas en su domicilio.
“Estamos hablando de plata de todos. Bicicletas para niños que nunca las recibieron. Viviendas que no se construyeron. Fondos destinados a quienes más necesitan y que terminaron en el clan Barraza”, lamentó el fiscal.
El rol del IAFEP y la ausencia total de control
Cáceres Olivera señaló que el organismo provincial tampoco controló cómo se utilizaban los fondos. Tanto es así que existe una causa paralela elevada a juicio que involucra al expresidente del IAFEP, Diego Andión, y a la arquitecta Moreno.
Una directora del área incluso había advertido a sus superiores que Barraza no acreditaba ningún destino real de los millones que recibía. Aun así, continuaron las transferencias.
Violencia, amenazas y testigos con identidad reservada
El fiscal reveló que el juicio se desarrolló con discreción debido al perfil del imputado. “Había testigos con miedo, que pedían protección. Hablamos de un círculo que se manejaba armado, de manera violenta y agresiva”, describió.
Más de 35 testigos declararon bajo garantías de seguridad, tanto trabajadores de SAMEEP como personas de su entorno. El fiscal habló sin rodeos: “Para mí, el término correcto es ‘clan Barraza’, porque no actuaba solo. Hay familiares involucrados y esperamos que el tribunal ordene investigar a todos”.
Piden diez años de prisión y una sentencia “contundente”
La fiscalía y la querella solicitaron 10 años de prisión por los delitos de fraude a la administración pública y peculado. Para Cáceres Olivera, el fallo debe enviar un mensaje claro: “La sociedad necesita que estos delitos se castiguen. Esto contribuye a la pacificación social y a recuperar la confianza en la Justicia”.
Barraza, que continúa detenido, mantuvo actitudes intimidantes incluso durante las audiencias. “Su forma prepotente de manejarse se terminó. Ahora debe enfrentar las consecuencias”, afirmó el fiscal.
El final del proceso
La sentencia se leerá este viernes a las 11.30, con transmisión vía streaming. “Esperamos una condena contundente y que sea el puntapié inicial para avanzar en otras causas similares”, cerró Cáceres Olivera.
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