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Bicho de Radio
"Hicimos un pedido de informe para tratar de dilucidar algo que tomó estado público y causó mucha preocupación, para entender quien ejecuta y da la orden y por qué se llega a sacar a una persona de un lugar con más 25 policías, es llamativo", apuntó.
Voloj se refirió al caso de G.C una mujer que es abogada y empleada judicial. El 8 de octubre fue brutalmente retirada de su domicilio por personal policial para ser medicada e internada contra su voluntad. Los vecinos fueron testigos del operativo y también quienes dieron a conocer el caso.
"La prudencia debe darse en este tipo de cuestiones y lo insólito es el uso desmedido de la fuerza. Antes de poder intervenir pedimos un informe para saber por qué se llega a esa situación tan violenta cuando no se siguió el protocolo y lo peor es que puede sentar un precedente", marcó.
La Defensoría del Pueblo del Chaco solicitó informes urgentes a la Defensoría General, al Órgano de Revisión de Salud Mental, a la Policía del Chaco, y al Ministerio de Salud.
Además, instó al cumplimiento estricto de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley Provincial 3381-G, que establecen lineamientos claros sobre el uso de la fuerza pública en situaciones de emergencia por salud mental y/o intoxicación por sustancias, siempre en defensa de los derechos humanos.
"Ojalá que las respuestas sean claras, concretas y den certeza a la situación de esta persona que fue claramente afectada", indicó.
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