Denuncian filtración de datos sensibles en el caso de G.C.: investigan posibles responsabilidades judiciales

“Ella está bien, dentro de lo posible, y trata de asimilar todo lo que pasó”, confirmó el abogado de G.C., y explicó que, actualmente, siguen en el expediente de control de legalidad porque el órgano de revisión de Salud Mental apeló la decisión del juez número 3 de declarar abstracta la cuestión. Según aclaró, el órgano de revisión busca que se declare la legalidad de lo ocurrido, aunque el juez interviniente ya no tiene motivos para pronunciarse, ya que la usuaria fue externada, aunque ellos consideraban en su momento que no debía ser así. “Lo único que entendemos que es apelable es si la usuaria continuaba internada; sin embargo, al estar ya externada, no hay agravio, pues la situación de libertad está resuelta”.

El abogado señaló que tiene conocimiento de que se han enviado diversos informes a la fiscalía sobre los aspectos penales, aunque desconoce los detalles. “Además, nos parece una barbaridad que en un medio se hayan filtrado datos sensibles de la usuaria”, agregó La Regina.

Comentó que, en una de las publicaciones, se afirma que el medio accedió a información hasta el martes 15 de octubre, cuando todavía estaba involucrada la jueza número 4. Al día siguiente, miércoles 16, ya intervino el juez número 3, quien notó que en la Defensoría General seguían actuando como oficina colaborativa, lo cual ya no era necesario. Cuando el juez número 3 declara abstracta la cuestión, vuelve a aparecer otro artículo en el mismo medio. Esta decisión debía ser notificada solo al órgano de revisión de Salud Mental, lo que sugiere que esa era la única vía de posible filtración. Además, en otra publicación, se menciona un expediente donde solo intervenía la Defensoría, lo cual refuerza la posibilidad de que esa sea la fuente de la filtración. Según el abogado, estas circunstancias generan serias dudas sobre el uso de ciertos accesos por parte de algunos funcionarios judiciales.

“Lo más grave es que se filtraron diagnósticos médicos, los cuales deberían estar protegidos por encima de cualquier derecho de confidencialidad de fuente periodística. Todos podemos ejercer nuestro trabajo, pero hay un límite ético en el costo de esa información”, subrayó.

La Regina informó que comunicaron de inmediato esta situación a la fiscalía, que ya se encuentra investigando. “Esperamos que los fiscales tomen medidas al respecto. Creo que también interviene el subsecretario de Derechos Humanos, por lo que esperamos que se tomen cartas en el asunto y, de ser necesario, se apliquen las sanciones correspondientes”, concluyó.

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