Echaron a un empleado público por inasistencias y cobro indebido de haberes

El gobernador del Chaco firmó un decreto que dispone la cesantía de G.J.L., agente de planta permanente de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, luego de un extenso sumario administrativo que probó inasistencias injustificadas y cobro indebido de haberes durante varios meses.

De acuerdo con el expediente, el trabajador presentó en septiembre de 2023 su renuncia a una adscripción en el Instituto de Colonización, pero nunca formalizó la dimisión a su cargo de base en el Ministerio de Gobierno. La situación derivó en que no volviera a su puesto original, configurándose un abandono de servicio desde el 11 de septiembre de 2023.

Los meses de cobro observados

El decreto detalla que el agente percibió haberes correspondientes a septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero de 2024, pese a no presentarse a trabajar en ninguna dependencia provincial.

En ese período recibió incluso un reajuste retroactivo y el pago de una bonificación por título profesional, lo que fue considerado como un cobro indebido por parte de la administración.

Durante el sumario, la defensa de G.J.L. sostuvo que había presentado la renuncia de manera digital a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, y que los montos acreditados en su cuenta respondían a ajustes salariales pendientes y no a remuneraciones indebidas.

No obstante, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Sumarios concluyeron que la dimisión nunca fue formalizada como exige la Ley N° 292-A y que no había respaldo suficiente para justificar los cobros. La Asesoría General de Gobierno dictaminó que se cumplieron todas las garantías del debido proceso y aconsejó la sanción máxima de cesantía.

El decreto instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales para el recupero de los haberes percibidos de manera irregular y ordena dar intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

De esta manera, el Poder Ejecutivo provincial cerró un proceso que se extendió por más de un año y que marca un antecedente en materia de control de la función pública y responsabilidad administrativa.