Caso tierras fiscales: ya tienen fecha las indagatorias a Capitanich y Soneira

La causa federal que investiga presuntas maniobras con tierras fiscales, enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la gestión de Jorge Capitanich en el Chaco entrará en una etapa clave en los próximos días: ya fueron fijadas las fechas de indagatoria para los principales imputados.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes judiciales a Libertad, el 8 de septiembre se presentarán a declarar Mauricio Cian, Nelson Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Soneira y Leandro Bessone.

Al día siguiente, el 9 de septiembre, será el turno de los nombres más resonantes del expediente: a las 8:00 deberá comparecer Marta Soneira, exministra de Ambiente, y luego, a las 11:00, el exgobernador Jorge Capitanich. Para esa misma jornada también fueron convocados Sheila Waicman y Darío Giménez.

UN REVÉS JUDICIAL PREVIO

El avance hacia las indagatorias se da luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazara semanas atrás los planteos de nulidad presentados por las defensas de Capitanich, Soneira y otros imputados. El fallo, firmado por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, ratificó el requerimiento de instrucción del fiscal federal Carlos Amad, quien describe con detalle las presuntas maniobras que habrían configurado delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado agravado por habitualidad.

Las defensas habían denunciado que las imputaciones eran “vagas” y de “sesgo político”, además de plantear que se trataba de hechos ya investigados en otras instancias. Sin embargo, la Cámara consideró que no existían violaciones a garantías constitucionales ni vicios procesales.

EL TRASFONDO DE LA ACUSACIÓN

Según la hipótesis fiscal, se habría montado un esquema de manipulación en la adjudicación de tierras fiscales para beneficiar a allegados políticos y socios privados, en algunos casos mediante la utilización de testaferros. En el expediente también se investiga la posible utilización del régimen de promoción industrial para encubrir operaciones de lavado de activos.

La denuncia inicial fue presentada por la Fundación Vida Silvestre, lo que dio origen a un expediente que hoy pone en el centro de la escena judicial a Capitanich y su círculo político más cercano.