Pese a que aún no se debatió, el proyecto para reubicar a empleados públicos es rechazado por gremios

El debate en torno al proyecto de ley que plantea la reubicación estratégica de empleados públicos en Chaco ya generó resistencia en el frente gremial. Este martes, la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) presentó en la Legislatura una nota de rechazo a la propuesta, pese a que aún no comenzó su tratamiento en comisiones.

El escrito ingresó en la mesa de entradas del Parlamento provincial y lleva la firma de la conducción del sindicato, que nuclea a trabajadores de distintos organismos de la administración pública. En él, la organización gremial solicita expresamente a los legisladores que no acompañen la iniciativa impulsada por el diputado Francisco Romero Castelán (Juntos por el Cambio).

El proyecto en discusión

Tal como informó Libertad Digital, la propuesta de Romero Castelán busca establecer un mecanismo de reubicación del personal público, con el objetivo de optimizar la distribución de los recursos humanos, mejorar la eficiencia estatal y evitar nuevas contrataciones.

El texto prevé que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Marcos Resico, sea la autoridad de aplicación, y que el proceso abarque a todos los agentes de la administración provincial, incluyendo organismos autárquicos.

La iniciativa contempla seis etapas: evaluación de necesidades, identificación de perfiles, convocatoria abierta, evaluación y selección, capacitación y reubicación efectiva. Según el legislador, los empleados conservarían su categoría, salario y antigüedad.

Fundamentos

En los fundamentos, el diputado advierte que Chaco es una de las provincias con mayor cantidad de empleados públicos en relación con su población, lo que impacta en el déficit fiscal y en la calidad de los servicios.

El proyecto propone evitar nuevas incorporaciones y redistribuir el personal existente hacia áreas donde se requiera, garantizando la capacitación y cubriendo los gastos de traslado. Entre los beneficios mencionados, se destacan la reducción del gasto público, el fortalecimiento del profesionalismo y el desarrollo de nuevas áreas de servicio.

Próximos pasos

El expediente aún se encuentra en trámite y deberá ser girado a las comisiones correspondientes antes de un eventual debate en el recinto. Si consigue dictamen favorable y es aprobado, la norma entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con un plazo de 60 días para su reglamentación.