"La telefonía sirve para garantizar los derechos que no se pierden mientras las personas cumplen su condena"

"Una vez aprobada la ley lo único que podemos hacer es opinar, pero no tuvimos la posibilidad junto a otras instituciones de gobierno y la sociedad civil de poder emitir una opinión técnica respecto al proyecto, como en otras ocasiones. No han convocado a los distintos institutos y espacios que tienen competencia en la materia de personas privadas de su libertad y de una manera bastante curiosa han levantado un proyecto que tiene ya 7 u 8 años. Lo aprobaron de una manera muy rápida, nos llama mucho la atención", expresó.

"Es preocupante porque estamos dando un retroceso. Independientemente de que hayan modificado el término prohíbase por limítese, está claro que en el ánimo de los legisladores que lo aprobaron está la prohibición y esto es serio porque hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional por los avances que tuvimos como provincia en seguridad pública, prevención de la tortura, tratos crueles o inhumanos degradantes. Estamos volviendo del 3er Foro Mundial de Derechos Humanos, donde uno de los temas en los que nos pedían sugerencias era sobre la experiencia del uso de celulares y tablets en contextos de encierro", explicó.

Gómez indicó que "luego de la experiencia de la pandemia, el uso de la telefonía había disminuido el nivel de conflictividad en contextos de encierro. Por otro lado, en la provincia tenemos alrededor de 2.800 personas privadas de su libertad y hemos registrado 2 casos concretos" en los que se utilizó el celular para una actividad delictiva. 

Por otra parte, detalló que "la resolución 676/21 indica que cada persona antes de ingresar con un teléfono pasa por una serie de requisitos administrativos donde quedan registrados todos los datos del teléfono que vinculan a la persona. A partir de ahí tiene una serie de usos posibles, restricciones y prohibiciones, por lo que en cierta medida ya estaban las limitaciones en esta resolución. Si realmente había un deseo de avanzar en este tema, podíamos haber colaborado, pero esto no se dio".

"Hay muchos fundamentos que fueron vertidos en el recinto que vemos en la televisión, pero no ocurren en nuestra provincia. Es preocupante que legisladores y legisladoras estén votando leyes por razones que tienen que ver con territorios ajenos", remarcó.

"En el Comité hemos creado un área de intervención temprana y recibimos más de 1.300 llamadas en el primer año y la gran mayoría tiene que ver con garantizar el acceso a la salud, la comunicación con sus defensores, cuestiones de traslado, es decir que la telefonía sirve para garantizar los derechos que no son perdidos mientras están cumpliendo su condena", afirmó.

"El único derecho del que deben ser privadas las personas que están en contexto de encierro es el derecho de la libertad ambulatoria, los demás los tienen igual que cualquier persona", resaltó.

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