El gobierno trabaja en medidas sanitarias para personas privadas de su libertad

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, encabezaron este viernes una mesa de trabajo para generar acuerdos con distintos organismos gubernamentales intervinientes, sobre la situación cotidiana y actual que viven las personas privadas de su libertad, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Analía Rach Quiroga consideró qué “es fundamental unificar criterios en el cuidado y atención de derechos de personas privadas de la libertad en este particular marco del covid 19”. A su vez Silvana Pérez señaló que “la reunión fue una mesa de trabajo para abordar específicamente problemáticas de atención sanitaria y visitas en el marco de la emergencia sanitaria, unificando criterios y modalidades de intervención en este marco tan especial que plantea restricciones para el cuidado de todes”.

En el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, las funcionarias se reunieron con el objetivo de acordar conjuntamente estas medidas haciendo especial énfasis en las personas que se encuentran en Alcaidía. “Estamos aunando esfuerzos entre los diferentes sectores para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, teniendo en cuenta lo recomendado por las autoridades sanitarias y por el subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura", dijo Nayla Bosch.

En ese marco, desde Vicegobernación y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros tuvieron a su cargo la definición de algunas ideas generales de abordaje. Por su parte, otros organismos, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, Defensa Pública, y Comité Provincial Contra la Tortura, plantearon ideas puntuales sobre abordaje de cuidados necesarios y problemática de la Alcaidía. Asimismo, coordinaron modalidades de visitas con el cuidado sanitario necesario.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Álvarez; del Servicio Penitenciario, el director general Juan José Pedroza; de la Defensoría General, Alicia Alcalá, la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; del Comité para la Prevención de la Tortura, Silvio del Balzo, Silvina Canteros y Ariela Alvarez; y el asesor legal Kevin Nielsen.