Trabajadores del IPRODICH reclaman equiparación salarial y fin de la precarización

“Estamos en una situación insostenible. El 85% del personal está por debajo de la línea de pobreza, y el 45% de los trabajadores son contratados o becados que cobran sueldos que los ubican en la indigencia. Muchos profesionales ganan $500.000 y deben regular sus horas para no sobrepasar ese monto”, explicó Migliore.

Guillén agregó: “Las Juntas Evaluadoras son las encargadas de determinar si las personas reúnen los criterios de discapacidad. En el caso de que reuna los criterios, otorgamos el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que habilita beneficios fundamentales como cobertura ampliada de obras sociales y transporte gratuito. Pero el recurso humano es escaso y mal pago. Muchos profesionales renuncian a los pocos meses por los bajos sueldos”.

Juntas paralizadas y servicios limitados

La situación impacta directamente en la población con discapacidad. Actualmente, las juntas evaluadoras de San Martín y Charata no están operativas desde comienzos de año por falta de personal. “Es imposible coordinar horarios con tres profesionales por junta. Si falta uno, se suspenden todos los turnos”, señaló Migliore.

Desde el Iprodich aseguran que continúan trabajando con guardias mínimas, aunque no están legalmente obligados a hacerlo: “No fuimos declarados servicio esencial, pero igual cumplimos con el 50% de atención. Las personas pueden acercarse al instituto, se les dan turnos, aunque están supeditados a que se levante el paro”, explicó Migliore.

Reclamo de equiparación, no solo de aumento

“Que quede claro: no pedimos solo un aumento. Pedimos equiparación salarial con otros organismos del mismo Estado. Hoy, en algunos sectores, por la misma función y responsabilidad, se cobra hasta cuatro veces más”, advirtió Migliore. “Yo, como ingeniero, director, con 24 años de antigüedad, gano $1.300.000”, denunció.

El reclamo, aseguran, no es nuevo. “Desde 2020 presentamos notas y proyectos técnicos. Algunos fueron cajoneados. Incluso propusimos un plan de recaudación para autofinanciarnos a través de capacitaciones. Tardó tres años en concretarse”, afirmó Migliore. Además, solicitaron la creación de un fondo para la compra de ayudas técnicas, también sin respuesta.

Añadió que “en su momento, tuvimos el apoyo de Zdero respecto a un proyecto que presentó el diputado Slimel, donde nos daban una pequeña bonificación para mejorar nuestra situación salarial, pero el entonces gobernador Capitanich, se encargó de vetar la ley. La presidenta no es ajena a esta situación, de hecho, ella los padece también porque no consigue los profesionales para trabajar en las juntas y en las distintas áreas del instituto”.

Una reunión clave

Pese al silencio prolongado, recientemente fueron convocados a una audiencia con la Secretaría de Trabajo. “Esperamos que, al menos, nos escuchen. Ya no es una cuestión sectorial: esto afecta directamente la calidad del servicio y a miles de personas con discapacidad”, concluyeron.

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