Causa Cuadernos: la fiscal rechazó el acuerdo económico que buscan los empresarios para evitar el juicio

Este viernes se llevó a cabo una audiencia crucial para definir si una parte significativa de la trama de la causa Cuadernos se resuelve sin necesidad de llegar al juicio. Las intenciones de los empresarios investigados, que ofrecieron arribar a un acuerdo económico para ser sobreseídos y evitar formar parte del proceso que comenzará el 6 de noviembre y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada, chocaron contra la negativa de la fiscal Fabiana León.  

"Esta fiscalía no vende impunidad", aseguró la funcionaria judicial en su pedido para que el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechace el ofrecimiento económico de 38 empresarios, que forman parte de los 174 acusados que tiene la causa.

Antes, se había expresado en el mismo sentido el titular de la Unidad de Información Fiscal (UIF), Paul Starc, quien advirtió que aceptar esas propuestas significaría "mercantilizar la corrupción" y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.

La audiencia se desarrolló vía Zoom para escuchar los ofrecimientos de "reparación integral". Esta movida legal, aunque no implica una admisión de culpa, busca cerrar la causa para los empresarios antes del inicio del juicio, ofreciendo una suma total que rozaría los 8 millones de dólares.

Entre ellos se encuentran Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra, el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, y Armando Loson, titular del Grupo Albanesi.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, este último formalizó una oferta de $181.236.691,18 para extinguir la acción penal en su contra y evitar el proceso oral. A pesar de haber sido uno de los primeros en acogerse a la figura del "imputado colaborador", se declaró inocente de los hechos que se le imputan y sostuvo que no reconoce "ninguna responsabilidad ni culpabilidad penal".

Previamente, el Tribunal había ratificado que la UIF podrá actuar como querellante cuando comience el debate, al rechazar un planteo del empresario Hugo Dragonetti para apartar al organismo.

El juicio tendrá como principal acusada a la expresidenta, procesada como la supuesta jefa de asociación ilícita, aunque ya se encuentra detenida con prisión domiciliaria con condena firme a seis años de prisión por la causa Vialidad.

Fuente: El Canciller