Libertad Digital
El Ejecutivo provincial firmó este domingo un decreto mediante el cual se dispuso la sanción expulsiva de cesantía a E.N., trabajadora de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, tras una investigación administrativa que acreditó irregularidades en el manejo de haberes y pensiones de residentes de la Residencia para Adultos Mayores “Nuestra Señora de la Esperanza”.
El proceso se inició en 2022 a partir de actuaciones administrativas que derivaron en la instrucción de un sumario disciplinario contra una mujer, a quien se le imputó un manejo indebido de fondos personales y pensiones de adultos mayores bajo su cuidado. Según consta en el expediente, la agente incumplió el “Protocolo de Rendición de Cuentas de la Administración de Haberes”, lo que impidió un control claro de gastos y del destino de los recursos de los residentes.
La Dirección de Sumarios y la Asesoría General de Gobierno coincidieron en que existió negligencia en el cumplimiento de las normas, recomendando inicialmente una sanción de suspensión por 30 días. Sin embargo, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Humano entendió que la gravedad de los hechos configuraba un incumplimiento sistemático que ameritaba la sanción más severa: la cesantía.
EL DECRETO Y SUS FUNDAMENTOS
El decreto firmado por el gobernador sostiene que la conducta de la mujer transgredió artículos del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial (Ley Nº 292-A), que establecen las causales de cesantía y exoneración. En los considerandos, se remarca que la agente “incumplió deberes esenciales de resguardo y protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, se instruyó a la Unidad de Recursos Humanos a determinar si corresponde el recupero de haberes percibidos indebidamente, y se dio intervención tanto al Tribunal de Cuentas como a la Fiscalía de Estado, habilitando acciones legales en caso de resultar infructuosas las gestiones administrativas.
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