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“El OCI tiene su génesis en un caso emblemático: la muerte de Juan Ángel Greco, en Fontana, en 1990. Ese hecho derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó, entre otras medidas, la creación de una oficina judicial y una administrativa para investigar violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad", recordó Urturi.
De allí surgieron, por un lado, la primera Fiscalía de Derechos Humanos del país, y por otro, un órgano externo encargado de investigar hechos de indisciplina policial. Este dispositivo fue institucionalizado mediante la Ley 4987, sancionada en 2002.
“Desde febrero de 2019 ocupo el cargo de director general del OCI, designado tras integrar una terna propuesta por oficiales superiores, uno de ellos en situación de retiro. Desde entonces fui confirmado por tres gestiones provinciales distintas”, relató.
Un curso intensivo con consecuencias fatales
La muerte del oficial Duarte ocurrió en el marco de un curso de capacitación nacional e internacional para efectivos de infantería, iniciado el 5 de mayo. “Este tipo de curso tiene exigencias físicas elevadas. Está pensado para preparar a los policías que intervienen en manifestaciones, partidos de fútbol o situaciones críticas. Por eso deben desarrollar un temple especial", explicó Urturi.
El entrenamiento se desarrollaba en instalaciones de Colonia Benítez, donde los cursantes —más de 60 inscriptos— debían residir durante 30 días. La jornada inicial comenzó a las 5 de la mañana con una caminata desde la Escuela de Policía en Resistencia hasta el Parque Caraguatá, donde realizaron ejercicios físicos.
“Cada uno debía presentar un certificado de aptitud física. Incluso, varios pidieron la baja apenas iniciado el curso”, aclaró. Duarte se descompensó camino al polígono de tiro, tras el paso por Caraguatá. “Otros dos cursantes también presentaron síntomas, uno incluso más adelante que Duarte. Pero él cayó en el trayecto por el terraplén”.
Un vecino que transitaba por el lugar —el doctor Ricardo Alegre, de la Defensoría del Pueblo— ofreció asistencia, pero le informaron que la situación estaba controlada. “Luego fue trasladado al centro de salud de Colonia Benítez, donde lo atendieron y, debido a su gravedad, lo derivaron al Hospital Perrando en estado de inconsciencia", precisó el funcionario.
Una investigación en marcha
El viernes posterior al hecho, Duarte falleció. Según la autopsia, la causa de muerte fue una falla multiorgánica derivada de un cuadro de rabdomiólisis —una descomposición del tejido muscular—. “Esto generó el inicio de una investigación sumaria interna para determinar responsabilidades administrativas y la comunicación inmediata a la fiscal Ingrid Wenner, quien ordenó la autopsia por tratarse de una muerte dudosa”, explicó Urturi.
La autopsia descartó lesiones o violencia física, pero aún se espera el resultado del estudio anatomopatológico para conocer si existió algún factor externo, como una sustancia ingerida, que haya influido en el cuadro.
En paralelo, el OCI imputó al comisario inspector Auet, responsable del curso, por haber incumplido disposiciones generales previas. “Vimos que no se respetaron protocolos que indicaban intervenciones adicionales, aunque no podemos afirmar que eso haya causado la muerte. Pero si ocurrió en otros cursos y no hubo consecuencias, esta vez no podemos dejarlo pasar”, señaló Urturi.
“Todo es perfectible”: hacia un control más riguroso
El funcionario señaló que una de las funciones clave del OCI es la emisión de recomendaciones preventivas. “Podemos emitir sugerencias para mejorar los procesos. Este caso nos lleva a pensar que quizás sea necesario reforzar los controles médicos previos. Hoy, para hacer actividad física en un gimnasio te piden una ergometría; quizás debamos exigir más que una simple declaración jurada”.
Finalmente, consideró que el caso Duarte podría marcar un antes y un después en la forma en que se estructuran este tipo de entrenamientos: “No es normal que se dicte un curso que sea insoportable. El curso recién comenzaba, Duarte había dormido en su casa y hacía calor, sí, pero no se trataba de una situación extrema”.
El expediente administrativo del OCI continúa su curso, mientras que la causa penal, de no surgir novedades del estudio anatomopatológico, podría archivarse en los próximos días.
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