Impulsan un registro para sancionar a quienes obstruyan vínculos familiares

“Durante el período 2020-2023, este proyecto fue tratado pero lamentablemente pasó al archivo. Sin embargo, tras una reunión con la organización del tercer sector Infancia Compartida, retomamos el debate”, explicó el legislador.

Vargas relató que la problemática ya había sido expuesta en otros ámbitos, como en una reunión con la familia de Enzo Pittau, y remarcó que no se trata de casos aislados. “Esto se repite en muchos lugares de la provincia del Chaco. Por eso consideré oportuno rescatar el expediente del archivo y volver a trabajarlo”, comentó.

¿Qué es un “obstructor de vínculos familiares”?

El legislador fue claro al definir el concepto: “Muchas veces no se los ve, pero están presentes. Son personas que, por diferentes medios, impiden que los niños se reencuentren con sus padres, tíos, primos o abuelos. Buscan vericuetos legales, ejercen tráfico de influencias y llegan incluso a revictimizar al niño, tratándolo como un objeto, como una moneda de cambio emocional”.

Para Vargas, estas acciones no solo dañan los vínculos familiares sino que también vulneran los derechos de la infancia: “Hay casos donde utilizan a los niños como rehenes emocionales de relaciones rotas, como formas de presión. Y esta práctica es un emergente que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia en la provincia y en todo el país”.

Registro público y sanciones para los obstructores

El proyecto impulsado por Vargas plantea la creación de un registro público, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia del Chaco, que identifique a quienes incurran en estas prácticas.

“El objetivo es doble: primero, la condena social; y luego, la condena económica. Queremos que quienes obstruyan vínculos familiares no puedan ser proveedores del Estado, ni ocupar cargos en la función pública o en la magistratura”, sostuvo.

Además, quienes estén incluidos en ese registro estarán impedidos de ejercer cargos políticos o judiciales, salvo que exista una disposición contraria emitida por la Justicia.

“El que esté en esa lista, no va a poder obtener el certificado que acredite que ya no pertenece a ese grupo, a menos que lo determine un fallo judicial”, aclaró Vargas.

Avances parlamentarios y participación ciudadana

Respecto del tratamiento legislativo, el diputado indicó que el proyecto fue recientemente desarchivado y se encuentra actualmente en la Comisión de Legislación General.

“Se sumó la diputada Charole y trabajaremos en una audiencia pública general, donde invitamos a todas las voces críticas o constructivas a que se expresen y enriquezcan el debate”, anticipó. También se prevén audiencias descentralizadas en plazas públicas de Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y Resistencia.

“Los obstructores están, pero no se los ve”

Vargas advirtió que muchas veces los obstructores utilizan recursos legales o sus vínculos con el poder para evitar que los menores restablezcan vínculos afectivos con parte de su familia.

“A veces nos preguntamos cómo, teniendo familiares abogados, algunos logran obstruir los derechos del niño. Vemos que existen dos tipos de justicia: la de los ricos y la de los pobres. Y en el medio, niños que son víctimas silenciosas de estas situaciones”, expresó.

Experiencias en otras provincias

El legislador también mencionó que hay antecedentes exitosos en otras jurisdicciones del país: “En Mendoza ya funciona un sistema similar y se están interesando otras provincias como Chubut, que quieren tomar como modelo lo que proponemos en el Chaco”.

Finalmente, Vargas apeló a una reflexión profunda sobre el impacto de estas conductas: “Un gran estadista decía que la vida es más sensible desde el bolsillo. Por eso apuntamos también a lo económico. Queremos que se entienda que los niños no son moneda de cambio, queremos preservar sus derechos”.

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