Libertad Digital
Santiago Omar Riveros, uno de los principales nombres del terrorismo de Estado, murió este viernes a los 100 años. Por su edad se trata de la última figura jerárquica del Ejército involucrada en las violaciones a los derechos humanos. Riveros fue el comandante de Institutos Militares, entre 1976 y 1978 y, por ende, un ariete principal de las violaciones en Campo de Mayo. Entre 1981 y 1983 fue embajador en Uruguay.
Nacido en Villa Dolores en 1923, Riveros tuvo dos participaciones destacadas en la Junta Interamericana de Defensa. La primera fue en enero de 1976. En esa ocasión proclamó el fin de la lucha armada en la Argentina como consecuencia de la derrota del Ejército Revolucionario del Pueblo en el copamiento al cuartel de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1976. Esa afirmación fue parcialmente desmentida días después por el jefe del Ejército, que sostuvo que "la subversión sigue activa y no solamente actúa por las armas". El comandante era Jorge Rafael Videla.
Mientras estuvo en Campo de Mayo, Riveros tuvo a su cargo los centros clandestinos "El Campito" y "Las Casitas, además del Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados. En el hospital se registraron partos de mujeres secuestradas. En esos años fue un exponente del ala dura del Ejército junto con Ramón Genaro Día Bessone, Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.
Dijo Lanusse: "El general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por izquierda, agregando que gracias a ellos yo vivía. Le dije: 'Hay oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros. Además usted no tiene jerarquía ni atribuciones como para pretender indicarme a mí cómo debo proceder'. Los ánimos se caldearon entre ambos y el general Bignone, propio de su personalidad e idiosincrasia, pretendió mediar, con muy poca felicidad, por cierto".
En 2012 fue condenado por robo de bebés junto con Jorge Rafel Videla y Bignone. En 2018 fue sentenciado por los crímenes de obreros de Ford, en una causa que tuvo en el banquillo a directivos de la automotriz. Volvió a ser condenado en 2022. Sumó su decimotercera condena a perpetua a fines de 2023 por el secuestro, las torturas y asesinato de Mario Hernández; y gozaba de arresto domiciliario al momento de su muerte.
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