La organización vence...: impulsan consulta popular para defender la Educación Pública

Mientras el gobierno presiona con las auditorías, las universidades responden que ya son auditadas y piden por más financiamiento. Entre idas y vueltas, con dos megamarchas en el año, lo cierto es que docentes y no docentes de las más de 60 casas de estudio perdieron un tercio de su poder adquisitivo desde que Milei es presidente. Con la necesidad de mayor presupuesto para 2025, un grupo de académicos plantea al Congreso la posibilidad de recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional. Buscan hacer una consulta popular vinculante y aprobar la Ley de financiamiento universitario. De este modo, no podría ser vetada por el Poder Ejecutivo y la gestión libertaria se quedaría sin su principal herramienta.

En el texto que circula se realiza un diagnóstico de la situación. “Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario”, dice el documento. Y continúa: “Actualmente el salario docente pasó a ser de los más bajos de Latinoamérica, y los salarios no docentes de las categorías más bajas están por debajo de la línea de pobreza”. 

Al respecto, uno de los impulsores del texto para realizar la consulta popular, el investigador del Conicet Mario Lozano, dijo: “El financiamiento es esencial para garantizar el funcionamiento de las universidades y evitar su vaciamiento progresivo. De seguir como hasta ahora, las Universidades deberán cerrar carreras y anular proyectos de extensión, e investigación científica y tecnológica. Van a tener cada vez menos estudiantes y menos respuestas a las necesidades de la sociedad desvirtuando su rol”.

De hecho, los primeros efectos del desfinanciamiento ya se perciben: hay docentes que se pasan a universidades privadas, o bien, se dedican a otros rubros; de la misma manera que cada vez más trabajadores no docentes salen en busca de nuevos empleos para poder complementar el salario insuficiente que hoy les ofrece el Estado a través de sus universidades.

Con el antecedente de las marchas y con los datos que revelan las sucesivas encuestas de opinión, la consulta popular podría funcionar como una herramienta adecuada, en la medida en que las universidades nacionales en Argentina gozan de buena legitimidad. Una estima que el gobierno se propone erosionar a partir de información falsa y así desviar la atención del verdadero problema: el lento pero efectivo desguace que enfrentan las instituciones de educación superior.

En este escenario, proponen, la consulta popular vinculante que prevé el voto obligatorio de la ciudadanía. De acuerdo al artículo 40 de la Constitución (reglamentada por la Ley 25.432 de 2001): “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.