El IPDUV ya recuperó 60 casas alquiladas ilegalmente: "Cada unidad significa una oportunidad para una familia"

La necesidad de una vivienda propia sigue siendo una urgencia para miles de chaqueños, y por eso el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) puso en marcha una fuerte campaña de recuperación de unidades adjudicadas que están abandonadas, alquiladas o vendidas de manera irregular. Desde el inicio de la gestión, ya se recuperaron alrededor de 60 viviendas en distintos puntos de la provincia.

“Cada vez que recibimos una denuncia de vecinos, activamos nuestro protocolo de investigación y si se comprueba que la casa está en desuso o mal ocupada, avanzamos con el proceso de recupero”, explicó Fernando Berecoechea, titular del IPDUV.

Los operativos se realizan con el acompañamiento de la Policía del Chaco y ya permitieron recuperar casas en Resistencia, Colonia Benítez, Castelli, Gancedo y Villa Ángela. “Muchas veces detectamos alquileres, ventas informales o directamente abandono. Todo eso está prohibido y sancionado. Las viviendas sociales no se pueden vender, alquilar ni prestar. Son para uso exclusivo de la familia adjudicataria”, remarcó Berecoechea.

Un ejemplo reciente se dio en Resistencia, en las chacras 137 y 214, donde tras inspeccionar 30 casas denunciadas, solo 6 presentaron irregularidades reales. Cuatro fueron recuperadas luego de que dos familias lograran justificar su ausencia temporal. “Este porcentaje se repite: muchas denuncias no se confirman, pero las que sí, las actuamos sin demora”, detalló.

El funcionario explicó que cuando se detecta que la vivienda fue vendida o alquilada, se desadjudica al titular original, quien queda excluido de forma permanente de cualquier tipo de ayuda habitacional del Estado, ya sea para nuevas viviendas o créditos para ampliaciones.

También señaló que las personas que compraron o alquilaron esas casas, aún sabiendo que eran viviendas sociales, quedan asentadas en los registros del instituto como parte del mercado informal. “Entendemos que muchas veces hay situaciones críticas detrás, pero nada justifica cometer un delito o ocupar una casa que no corresponde”, subrayó.

Consultado sobre la nueva ley que prohíbe el alquiler temporario de viviendas sociales y obliga a inscribirlas como bien de familia, Berecoechea opinó: “No cambia demasiado. Lo que establece esa ley ya estaba contemplado en nuestras resoluciones internas desde hace años”.

Hay más de 45.000 familias registradas en el padrón general de demanda, y otras en situación prioritaria, como las que tienen miembros con discapacidad o fallos judiciales que obligan al Estado a brindarles una solución.

“Solo en mayo tuvimos que pagar casi 9 millones de pesos en multas por no poder cumplir con sentencias judiciales que nos exigen dar una vivienda. Por eso es vital que no haya casas del Estado vacías o alquiladas ilegalmente. Cada unidad recuperada significa una oportunidad concreta para una familia que realmente la necesita”, concluyó Berecoechea.

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