Libertad Digital
El ministro de Salud, Mario Lugones, habló sobre el caso del fentanilo contaminado: “Es un atentado a la gente”, aseguró. Explicó también que una situación de estas característica “no tiene antecedentes” en la Argentina y que por su profesión -médico- esto lo afecta en lo personal. Y agregó: “Es de mala gente hacer esto”.
Consultado sobre Ariel García Furfaro, el dueño de HBL, el ministro se refirió a él como “delincuente” y “exconvicto”. “En el ambiente siempre hubo un rumor de que había un grupo, que estaba Furfaro y otra persona más, que se llama Jorge Salinas, que vienen haciendo negocios espurios", sostuvo en diálogo con TN.
En ese marco, también recordó que la empresa de empresa Furfaro fue elegida por el gobierno de Alberto Fernández para traer al país la vacuna contra el Covid-19 llamada Sputnik. “No lo pudieron hacer porque estaban flojos de papeles parar Rusia”, indicó.
Lugones señaló que, según su consideración, este caso comienza con una “mala praxis”. “En ese marco, mi intención es que las próximas licitaciones estén acompañadas por buenas prácticas de manufactura. Primero por laboratorio y más adelante por línea de medicamento. No es lo mismo para diferentes tipos de medicamentos, por lo que algunas van a poder durar tres años y otras menos tiempo”, contó.
“Para eso pedí que se investigaran los laboratorios”, siguió. Previamente había contado que el laboratorio de Furfarohabía sido auditado a fines de noviembre a causa de una denuncia un producto mal elaborado. “Este laboratorio se cerró porque encontraron defectos y ya venía con acumulación de denuncias, y los distintos gobiernos lo dejaron pasar, este es el primer gobierno que le pone un stopa este laboratorio”.
Agregó: “el tres de enero en Iname -Instituto Nacional de Medicamentos- subió al GDE un informe. Recién el 12 de febrero le pasan a Agustina Bisio, directora del Anmat, las irregularidades. A partir de ahí, ella en dos horas cerró el laboratorio”.
Consultado por la tardanza del Iname, instituto presidido por la doctora Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, Lugones explicó que tiene esa misma duda y que, por ese motivo, pidió que se abriera un sumario. Además aclaró el objetivo de esa investigación es identificar a las personas implicadas y que “sufran las consecuencias de haber hecho algo que estaba mal”. “Yo tengo mis sospechas de que algo raro pudo haber pasado”, dijo.
“Nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen los familiares: queremos que se resuelva lo antes posible”, aseguró. En ese sentido, señaló que el ministerio que conduce es querellante en la causa, que el Anmat hizo la denuncia penal y que el juzgado de La Plata le pidió al Instituto Malbrán, otro organismo del ministerio, que sea perito de parte para poder colaborar en la determinación de las pruebas genéticas.
“No tiene perdón de nadie esta gente, tienen que terminar presos ellos y todos los cómplices que pueda encontrar el juez", sostuvo. Y agregó: “esta gente llegó acá porque tienen una cobertura política, sino no se llega de tener una verdulería en el conurbano a tener tantos negocios y estar denunciado por el ARCA, por el ministerio de Desarrollo, por el Anmat. Algo raro hay acá atrás".
En cuanto a las conclusiones del sumario requerido, el ministro explicó que el plazo formal es de seis meses pero que está pidiendo que se resuelve “lo antes posible”. “Apenas yo vea que esté eso, va a ser público y voy a sacar a esa gente”, aseguró.
Fuente: La Nación
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