Libertad Digital
Conformaron una mesa de trabajo para actuar en casos de usurpación, que dispondrá de un protocolo de actuación y tendrá como fin desactivar de forma inmediata cualquier intento de ocupación ilegal de terrenos.
Soneira remarcó que el Gobierno provincial asumió la postura de no admitir usurpaciones de terrenos públicos ni privados, y que se tomaron medidas para atender la demanda legítima de tierras que existe por parte de familias que desean adquirir un lote y construir su casa. Para ello, se creó un Banco de Tierras, con un procedimiento establecido para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades.
El Estado provincial, a través de Desarrollo Territorial y Ambiente, viene llevando adelante un proceso de ordenamiento urbano, que incluye la planificación para la urbanización y el mejoramiento del hábitat de los barrios en los que aún es necesario desarrollar obras de infraestructura para brindarle mejor calidad de vida a los vecinos.
Agregó, además, que en muchos casos las usurpaciones son llevadas a cabo por personas que luego venden los terrenos y buscan beneficiarse de la especulación inmobiliaria. “De ningún modo vamos a negociar con personas o agrupaciones que pretendan iniciar el diálogo con el Estado mediante la toma de predios públicos o privados”, remarcó Soneira.
En el encuentro participaron, además, el subsecretario de Gestión de Tierras de la provincia, Leandro García Arias; el secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de la Ciudad, Guillermo Monzón, y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial del Municipio, Otilia Aguirre.
García Arias, aclaró que cada caso es particular y debe ser analizado en concreto, destacó la unificación de criterios con el Procurador General, quien puede trazar lineamientos generales para las 15 fiscalías de la Circunscripción Primera de Resistencia. “Esto nos genera expectativas de que se puedan encontrar salidas rápidas, justas y equitativas en esta problemática”, remarcó García Arias.
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