Libertad Digital
El Correo Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar si se aprueba la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Se activó hace dos semanas un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados. Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9500. Así lo reconocieron a LA NACION fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre.
Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias. Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal. El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.
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