Legisladores chaqueños expresaron preocupación por los hechos ocurridos en Villa Río Bermejito

El diputado nacional por el Chaco, Aldo Adolfo Leiva, junto a sus pares Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak, presentó un proyecto de Declaración ante la Cámara de Diputados de la Nación en el que manifiesta su “más enérgico repudio a la represión ordenada por el Gobierno de la Provincia del Chaco el pasado 14 de octubre, contra integrantes de comunidades indígenas en la localidad de Villa Río Bermejito. Los manifestantes reclamaban la suspensión de pensiones por discapacidad y asistencia alimentaria, y realizaban protestas pacíficas al costado de la ruta de acceso a la localidad".

A través del proyecto, los legisladores expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, y exhortaron al Ministerio de Seguridad del Chaco a garantizar el “pleno derecho a la protesta pacífica”. Según los fundamentos del proyecto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió pensiones por discapacidad en todo el país, generando malestar en la comunidad de Villa Río Bermejito. “La protesta pacífica fue alterada por el accionar policial, que, según denuncian los legisladores, incluyó golpes, gases y disparos de proyectiles, provocando decenas de heridos y la detención arbitraria de al menos cinco ciudadanos originarios”, destacó Leiva.

Las imágenes difundidas en redes sociales y los testimonios de los afectados y testigos presenciales, según el texto, "evidencian un uso desproporcionado de la fuerza pública". Los diputados también denunciaron que los “medios de comunicación locales habrían intentado desvirtuar la legítima protesta, atribuyéndola a sectores políticos opositores”.

El proyecto hace referencia al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza sus derechos sobre tierras y recursos, así como la participación en la gestión de los mismos. Los diputados chaqueños solicitaron a sus pares que acompañen la declaración, subrayando que "es un deber del Congreso manifestarse frente a hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales básicas".