Libertad Digital
La finalidad de este proyecto es que el organismo brinde monitoreo, seguimiento y análisis a las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familiares y entornos. “Nuestra función es acompañar a los familiares, que sepan que no están solos, es por eso que vamos a seguir trabajando para generar políticas públicas efectivas para el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las víctimas”, remarcó Cuesta.
Amanda Encaje fue asesinada en las instalaciones de Supercemento SA, ubicada en Resistencia, en abril de 1992. Su cuerpo fue encontrado junto con el de Néstor Vivo, quien era director de esa empresa. Ambos fueron golpeados y torturados antes de su muerte.
El observatorio estará integrado por víctimas de delitos y sus familiares, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados, y por integrantes de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, un representante del Ministerio Público Fiscal, un representante del Ministerio Público de la Defensa, un representante del Poder Ejecutivo provincial y dos legisladores provinciales por la mayoría y minoría parlamentaria.
Luego de la reunión, Cuesta destacó la idea del proyecto, que contará con la participación de los tres poderes del Estado y va a depender del Poder Legislativo, de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, para que sea una comisión permanente hacia el observatorio, más allá de las gestiones que estén al frente. “Este observatorio va a tener la función de visibilizar, ayudar y acompañar a las víctimas y familiares en estos casos que no están resueltos por la Justicia”, señaló.
Reconoció, además, que para las y los legisladores es un puntapié inicial para que estas familias tengan un poco de consuelo ante estos homicidios ocurridos hace 30 años. “Acompañamos a las familias en este pedido de justicia, ya que esto forma parte de una serie de medidas que fijaron a nivel internacional y que los gobiernos tenemos que involucrarnos, son políticas públicas que tienen que garantizar los derechos de todas y todos los chaqueños y este observatorio viene a cumplir con esta premisa”, destacó la legisladora.
Derechos humanos y garantías a las víctimas
La diputada Quirós, autora del proyecto, expresó que vienen trabajando junto a la familia, a la Secretaría de DDHH, a la presidenta de la Legislatura y otros diputados y diputadas, en un proyecto de ley que instaure el observatorio para víctimas en el marco del Poder Legislativo. “Como parte del acuerdo que el gobierno provincial ha hecho con las familias Encaje y Vivo, por los crímenes cometidos hace más de 30 años, en memoria de estas víctimas y con estas familias que trasmutan su dolor en aportes para tener una provincia más justa y más libre de violencias y más igualitaria. En uno de sus artículos, el proyecto de ley estipula, además, que los integrantes del observatorio elaboren normativas que involucren los derechos humanos y garantías de las víctimas de delitos”, detalló.
Por su parte, Sager recordó que “el Estado provincial, a través de sus tres poderes, suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la que tomó el caso lamentable que sucedió hace décadas y, entre los compromisos asumidos, está la creación por ley de un Observatorio de Víctimas, y hoy dimos un paso en ese sentido, hubo una presentación de un anteproyecto para que lo analice la familia y su equipo técnico, el que luego se convertirá en proyecto de ley”.
Fortalecer el sistema proteccional de víctimas
La subsecretaria de Derechos Humanos y Géneros agregó que “este caso fue homologado por la CIDH, se trabajó en la provincia, recordemos que el gobernador pidió perdón por el caso y se trabaja en los puntos pendientes de la solución amistosa. Uno de los puntos correspondientes a la Cámara de Diputados es este que tiene que ver con el Observatorio de Víctimas de Delitos y agradecemos el compromiso de las y los diputados. Estuvimos acompañando desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género a la familia a Andrea y nos parece fundamental avanzar en este sentido; esperamos seguir cumpliendo con la solución amistosa y sobre todo para fortalecer el sistema proteccional de víctimas en nuestra provincia”, afirmó Bosch.
La funcionaria dijo que “es un compromiso de todos los espacios políticos, en todos los proyectos se ha acompañado por unanimidad y eso es fundamental porque nos ayuda a todas las chaqueñas y chaqueños a tener un sistema consolidado en materia de derechos humanos y en materia de género”.
Finalmente Andrea Martínez afirmó que “estamos retomando las líneas de trabajo que traíamos en función del acuerdo de solución amistosa que firmamos años anteriores, en las que el Gobierno se ha comprometido a implementar políticas públicas, las cuales van concretándose, ya hay dos sancionadas y estamos yendo por la tercera. Nuestro pedido de reparación tuvo que ver con las cosas que nos faltaron como familia y vamos a tratar de transformarlas en políticas públicas para que otras víctimas no tengan que padecer lo que tuvimos que vivir nosotros”.
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