Procesaron al intendente de Taco Pozo en la causa por pensiones truchas: "El perjuicio al Estado es millonario"

“El día de ayer la doctora López Macé notificó el auto de procesamiento a todas las partes, incluidos los imputados”, explicó Amad. Y agregó: “La resolución incluye al actual intendente, el señor Ibañez”.

La causa investiga una organización que tramitaba pensiones falsas, con la participación de funcionarios, médicos, bioquímicos y empleados públicos. “La hipótesis de esta fiscalía desde el inicio fue fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica en instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, señaló el fiscal.

Según Amad, “el perjuicio al Estado fue de más de 730 millones de pesos”. En relación con Ibañez, afirmó: “La situación del intendente es muy comprometida. No es que él cobraba una pensión, sino que desde su cargo colaboraba activamente con esta empresa criminal. Su hija, por ejemplo, estaba a cargo de una oficina de ANSES”.

“Gente que iba al municipio por una ayuda económica salía con una pensión bajo el brazo”, detalló el fiscal, remarcando la gravedad de los hechos. “Después esas personas aparecían en una lista y entregaban dinero a médicos del hospital que les firmaban los certificados”, añadió.

Amad también se refirió a la situación de Liliana Pascua, quien, según la causa, percibió simultáneamente un sueldo como intendenta de Enrique Urien y una pensión por discapacidad. “Cobró su sueldo de funcionaria pública y también la pensión. Por más que la defensa diga lo que quiera, eso es ilegal”, subrayó.

“Los funcionarios públicos que cometen delitos en ocasión de sus funciones no pueden reparar el daño simplemente devolviendo el dinero. Deben ir a juicio y rendir cuentas”, dijo el fiscal, al tiempo que informó que la causa fue elevada a juicio oral.

Sobre las posibles condenas, Amad manifestó: “Yo no soy el fiscal del juicio, soy fiscal de instrucción, pero espero severas condenas. Es muy triste ver cómo funcionarios públicos se aprovechan de fondos estatales que deberían estar destinados a quienes realmente lo necesitan”.

Al ser consultado sobre si Ibañez debería pedir licencia tras el procesamiento, Amad fue claro: “Eso queda a criterio de él. Puede seguir en funciones si así lo desea. De hecho, ya tiene otra causa elevada a juicio por lavado de activos donde también están involucrados su hijo y otras once personas”.

Respecto al perjuicio millonario al Estado, Amad explicó: “Cuando lo vi, no lo podía creer. Esa plata pasó por muchas manos, algunas la recibieron, otras no. Es escandaloso. Taco Pozo parecía haber entrado en guerra por la cantidad de personas que, de repente, figuraba  que tenían una discapacidad”.

Finalmente, Amad expresó su indignación por las dificultades enfrentadas durante la investigación. “Nos costó muchísimo conseguir las pruebas. Desde la gestión anterior de ANDIS nos enviaban la información con cuentagotas. Y encima estamos hablando de un lugar vulnerable, lejos de todo. Es indignante como ciudadano”, concluyó.

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