Alivio para el campo, presión para el Estado: el doble filo de la baja de retenciones

Según explicó, el trasfondo de la medida es la necesidad del Gobierno de “llegar con aire financiero a las elecciones de octubre”, en un escenario donde la cuenta capital ha sido negativa durante más de un año. “Desde junio del año pasado hasta mayo de este año, todos los meses esa cuenta fue negativa. Es decir, salieron más dólares de los que ingresaron. Eso generó un desangre de reservas del Banco Central que no se pudieron acumular”, indicó.

Ocampo recordó que el Gobierno, con cada dólar que ingresa, “lo vuelve a volcar al mercado para abastecer importaciones, viajes, compras por plataformas en el exterior o ahorro. Esa apertura, sumada al uso del dólar como ancla para contener precios, impidió consolidar reservas y obligó a recurrir a estrategias como blanqueos o adelantos del FMI”.

En este marco, evaluó: “El mercado —los grandes fondos, bancos, inversores— lee esta situación con claridad. Si no se les ofrece certidumbre o incentivos, cuando vencen los títulos en pesos, no los renuevan: se pasan a instrumentos en dólares o directamente compran divisas”.

Medida favorable al campo, pero con costo fiscal

Sobre la baja de retenciones, Ocampo consideró: “Siempre es positivo quitar presión fiscal al sector privado. El campo es el principal generador de divisas en el país, es competitivo y estratégico. Cada grano que se exporta genera dólares que pasan por el Banco Central y se convierten en pesos para el productor”.

Aclaró que este beneficio no impacta de igual forma a todos los actores: “El pequeño productor que entrega sus granos a un acopiador, muchas veces no ve reflejado este tipo de beneficios. Debería haber control estatal para garantizar que esa mejora no quede solo en manos del intermediario”.

Sin embargo, planteó la contracara: “Desde el punto de vista del Estado, si se reducen las retenciones, caen los ingresos. Y con menos ingresos hay menos capacidad de ejecutar políticas públicas: obras, subsidios, infraestructura. El Estado resigna recursos en un contexto donde ya estamos viendo un deterioro severo de la infraestructura pública”.

“Una medida con impacto incierto”

Respecto a la posibilidad de que esta medida dinamice la liquidación de divisas, Ocampo fue cauto. “El Gobierno busca que el productor liquide lo que tiene en stock. Se estima que hay unos 12.000 millones de dólares disponibles para liquidar. Si lo lograra, tendría oxígeno para mantener el dólar en la banda de los $1.200 a $1.300 hasta las elecciones. Pero eso está por verse”.

Advirtió que los grandes exportadores “están esperando el resultado electoral. Son los que tienen la capacidad de influir en el mercado, y probablemente no se desprendan de sus tenencias hasta saber qué rumbo tomará la política económica”.

¿Impacto en los precios internos?

Consultado sobre si la medida podría traducirse en una baja de precios, como la carne, Ocampo lo descartó. “No, no va a bajar. Al contrario, hay más chances de que suba. Porque si se incentiva la exportación, el productor se vuelca al mercado externo, donde obtiene mejor precio. Eso pone presión en el mercado interno”.

Finalmente, alertó sobre el carácter estructural de la medida: “Esto deja al Estado nuevamente sin herramientas. Se le quitan recursos fiscales con la esperanza de que la mayor rentabilidad del productor se traduzca en más productividad. Pero eso es un efecto de largo plazo. En el corto plazo, se profundiza la compresión del gasto público”.