Libertad Digital
La exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Ayala, volvió a enfrentar a la Justicia en un nuevo juicio por presunta corrupción. Esta vez, se la acusa de haber direccionado contrataciones públicas durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri para favorecer al empresario Claudio Tolosa, titular de la firma Service Hogar.
La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, quien sostiene que Ayala firmó en 2016 un convenio con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de maquinaria y herramientas financiadas con fondos del programa Mi Pueblo, con fuertes sobreprecios.
Según la acusación, la maniobra habría sido parte de un entramado organizado para desviar recursos del Estado nacional en favor de Tolosa. Junto a Ayala también están imputados sus exasesores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, además del propio empresario. Para los fiscales, los cuatro formaban parte de una estructura destinada a facilitar y ejecutar la defraudación.
El juicio oral comenzó este miércoles en el tribunal federal de Resistencia y se espera que se extienda por menos de un mes. Habrá unos 30 testigos, entre ellos figuras de alto perfil como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de la capital chaqueña, Jorge Capitanich.
La acusación en este nuevo proceso está a cargo del fiscal Federico Carniel, quien también intervino en la causa Lavado II, donde Ayala fue condenada en mayo de 2024 a tres años de prisión en suspenso por beneficiar a empresas en licitaciones millonarias sin respaldo técnico ni financiero. Carniel fue, además, quien apeló la absolución que había conseguido por el delito de lavado de activos.
Ahora, el Ministerio Público ya anticipó que pedirá una pena de hasta seis años de prisión para la exfuncionaria.
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