“No se pueden cortar derechos por decreto”: celebran el fallo que obliga a garantizar comunicación a presos

“Este fallo marca un antes y un después”, aseguró Bashé Charole, titular del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco, tras conocerse la sentencia 183/25 del Superior Tribunal de Justicia que convalidó parcialmente la ley 4033-J pero declaró inconstitucional el artículo que imponía el bloqueo permanente de celulares en cárceles.

Charole celebró el fallo como un triunfo de los derechos humanos: “Nosotros estamos más que contentos. Se reconoció el reclamo que venimos haciendo desde que se implementó esta medida arbitraria de quitar los teléfonos sin planificación ni alternativas”.

La decisión del STJ —con mayoría de los jueces Grillo, Del Río y Varela— no habilita un uso irrestricto de celulares en las cárceles, pero sí exige que se garantice el acceso a comunicaciones “controladas y responsables” para fines educativos, laborales y de contacto familiar, sin vulnerar la privacidad ni la dignidad de las personas privadas de su libertad.

Charole explicó que el retiro de celulares por parte del Gobierno se hizo “sin un plan claro ni evaluación del impacto”. En muchos casos, denunció, se interrumpieron estudios virtuales, actividades laborales e incluso la posibilidad de realizar denuncias por malos tratos: “Quitaron todo tipo de dispositivos, sin importar si eran para estudiar o trabajar. Fue un retroceso enorme”.

También hizo foco en el impacto diferencial en pueblos originarios: “Los presos indígenas, que muchas veces están muy lejos de sus comunidades, quedaron totalmente incomunicados. No había forma de que se contacten con sus familias”.

Otro aspecto clave del fallo es que permite restablecer canales de comunicación directa con organismos de derechos humanos: “Antes, si había malos tratos por parte del Servicio Penitenciario, no podían comunicarse con nosotros. Ahora vuelve esa posibilidad, y eso es clave para que podamos hacer nuestro trabajo”, remarcó Charole.

La sentencia exhorta a las autoridades a garantizar la implementación efectiva de las comunicaciones, y establece siete recomendaciones para mejorar el sistema actual, que fue calificado como “desorganizado, ineficiente y arbitrario”.

“El fallo aclara que no se trata de devolver todos los celulares, pero sí de avanzar con un sistema que respete derechos y tenga controles”, indicó Charole, y apuntó también contra el modo en que se aplicó la ley: “Estamos acostumbrados a que se escriban leyes pero no se cumplan. Esta vez el Superior Tribunal dijo ‘basta’”.

Y cerró con una definición categórica: “La comunicación es un derecho humano. No se puede estar por la vida recortando derechos como si nada”.

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