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Bicho de Radio
“Me parece que no hay muchas maneras de interpretarlo. Es lo que corresponde”, aseguró el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, al referirse al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que avala la ley provincial que prohíbe el uso de telefonía celular en unidades penitenciarias.
Según Matkovich, esta normativa responde a una necesidad urgente: “Aquí se tomaron decisiones desde el 10 de diciembre pasado para revertir medidas que no tenían nada que ver con el sentido común, la legalidad ni con la realidad. Esta provincia estaba prácticamente liberada. Los presos tenían más y mejores celulares que los ciudadanos comunes, que las propias víctimas, que la gente de bien, como decimos nosotros".
El funcionario recordó que Leandro Zdero, cuando era legislador, presentó una ley que luego fue vetada por el entonces gobernador Jorge Capitanich. “Cuando volvimos al gobierno después del 10 de diciembre, Zdero impulsó esta iniciativa que tuvo un respaldo mayoritario en la Legislatura. La ley establece claramente que no se puede tener celulares libremente en las cárceles”, sostuvo.
“Algunos defienden más a los delincuentes que a las víctimas”
“Hay sectores que parecen estar más preocupados por los derechos de los violadores, asesinos y homicidas que por los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos”, disparó Matkovich. En esa línea, destacó que el fallo del Superior Tribunal “ratifica la ley, su constitucionalidad, y exhorta al Ejecutivo a garantizar la comunicación, algo que venimos haciendo desde el primer día”.
Consultado sobre si aún quedan sectores penitenciarios donde no se ha aplicado plenamente la ley, el ministro respondió con firmeza: “Nosotros anunciamos un proceso amplio: primero la entrega voluntaria, luego requisas, y finalmente la eliminación total del uso de celulares”.
Matkovich admitió que persisten intentos de ingresar dispositivos: “Siempre hay picardías, tanto de los internos como de algunos familiares. A veces fallan los controles, pero hacemos requisas permanentes para evitarlo. La ley se cumple, punto".
Garantizar la comunicación
El titular de Seguridad también se refirió a las observaciones del Superior Tribunal de Justicia, que exhorta a garantizar canales de comunicación para los detenidos: “Eso ya lo estamos haciendo. Hay 22 teléfonos fijos funcionando en el penal Nº1 de Resistencia desde el primer día. Además, compramos 300 dispositivos móviles para que todos los internos tengan acceso a comunicarse con sus familiares y defensores”.
Afirmó que la desinformación es parte del problema: “Muchas veces falla la inquietud del ciudadano común por informarse. La ley dice que debe garantizarse la comunicación antes de su aplicación, y eso se hizo”.
Frente a las críticas del Comité contra la Tortura, Matkovich fue categórico: “Ese comité sólo se dedica a proteger a los delincuentes. Nosotros hablamos desde el gobierno. Este es un cambio: cumplir con la palabra y con la ley”.
“No se les puede quitar el derecho a estudiar ni a comunicarse”
El ministro también aclaró que la conectividad para fines educativos está contemplada: “No se puede impedir que un detenido estudie, hable con su familia o con su abogado. Eso es básico en un sistema republicano. Pero de ahí a que cada interno tenga un celular para hacer lo que quiera, estamos muy lejos”.
Anunció además que se instalarán dispositivos con conectividad satelital en establecimientos penitenciarios: “Así despejamos cualquier duda, incluso de los bien intencionados”.
Requisas y procesos progresivos
Matkovich detalló que se sigue encontrando celulares en las requisas: “Ayer mismo hallamos varios. Se las ingenian para seguir metiendo, pero vamos a seguir controlando. Lo que se encuentra, se devuelve a los familiares. Todo ha sido progresivo, como indica la ley”.
El ministro valoró la actitud del Servicio Penitenciario y de algunos internos: “No sé si recuerdan, pero un delincuente de Sáenz Peña, condenado por agresión sexual, salió en vivo diciendo que no entregaría su celular. A las 24 horas, estaba contra la pared entregándolo de manera pacífica. Porque de eso se trata: cumplir la ley. Si todos lo hacemos, la provincia y el país avanzan".
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