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La medida, que busca evitar el uso indebido de dispositivos móviles para cometer delitos desde el interior de los centros de detención, ha generado controversia tras un recurso judicial presentado por la Defensoría General y el Comité contra la Tortura.
Gutiérrez defendió firmemente la política, asegurando que el derecho de los detenidos a comunicarse con su familia, abogados y médicos está completamente garantizado. "Cada comisaría y centro de detención cuenta con teléfonos disponibles para los reclusos, sin restricciones en cuanto a la comunicación", afirmó el secretario. Además, mencionó que las instalaciones de teléfonos fijos han sido mejoradas recientemente para ofrecer más opciones de contacto.
Sin embargo, Gutiérrez enfatizó que la medida tiene como objetivo principal la protección de la ciudadanía, citando casos recientes en los que personas, especialmente adultos mayores, fueron víctimas de estafas realizadas desde el interior de las cárceles.
"El gobernador está comprometido con la seguridad de la gente. Esta no es una cuestión política, sino de proteger a la población de abusos y estafas", señaló Gutiérrez. Además, destacó que los reclusos tienen acceso a otras formas de educación, como el uso de tablets y libros proporcionados por el Ministerio de Educación, para seguir desarrollándose dentro del sistema penitenciario.
El secretario también se refirió a las críticas del Comité contra la Tortura, argumentando que la oposición a la medida no responde a una preocupación real por los derechos de los detenidos, sino a intereses políticos. "Si me muestran estadísticas de detenidos que han salido de la cárcel con estudios terciarios gracias al uso de celulares, tal vez me convenzan. Pero hasta ahora, no hay pruebas de que esta medida esté afectando la educación de los internos", subrayó Gutiérrez. El secretario reafirmó la postura del gobierno provincial: "Si hay una medida judicial, la apelaremos".
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