Según el Gobierno, tras el fin de la Ley de Alquileres la oferta aumentó un 211,9% y los precios bajaron un 26,6%

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, compartió un análisis sobre la evolución que tuvo el mercado de alquileres en los últimos meses, puntualmente a partir de la derogación de la normativa que estructuraba al sector hasta la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que firmó Javier Milei.

El Gobierno tuvo en cuenta los efectos del fin de la llamada Ley de Alquileres y remarcó que la oferta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) creció 211,9% y que los precios se redujeron un 26,6% en términos reales en el primer semestre de este año, con respecto a diciembre de 2023. 

El informe fue realizado en base a los datos brindados por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, y reveló que en enero de 2024 la oferta de departamentos para renta en el AMBA fue 90,3% mayor que en mes inmediatamente anterior. 

Por otra parte, el Ministerio también señaló: "Los precios reales de alquiler por m² (metro cuadrado) de departamentos en el AMBA cayeron en los primeros meses tras la derogación de la ley", al evidenciar una merma del 6,7% en enero en comparación con diciembre. En tanto que para junio de 2024, la disminución acumulada llegó al 26,6%.

Con respecto a los efectos adversos que implicó la ley derogada, la cartera de Sturzenegger remarcó que "entre sus disposiciones más destacadas se encontraba el establecimiento de un plazo mínimo de tres años para la concertación de los contratos, con ajustes anuales, en un país que ya mostraba en ese entonces altas tasas de inflación", por lo que "la ley generó un considerable desincentivo por parte de los propietarios para ofrecer sus propiedades en alquiler".

Por último, aseguró que, gracias a la flexibilidad del mercado producto del DNU 70/2023, se logró incentivar "a los propietarios a poner sus propiedades en alquiler y, en consecuencia, aumentó la oferta disponible de inmuebles con la consiguiente caída de los precios". 

El pasado 12 de agosto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales, con el fin de reducir la carga administrativa y la burocracia para los contribuyentes. El Gobierno aclaró que este trámite solo será necesario, aunque de manera optativa, si los locadores quieren acceder a beneficios fiscales.