Despidos en el área que investigaba archivos de la dictadura: "El gasto es mínimo para el aporte que hace este equipo"

"Es una situación muy grave que tiene que ver con un equipo de trabajo especializado que se conformó en 2010 dentro del Ministerio de Defensa y está conformado por civiles, investigadores, archivistas, historiadores que buscan documentación sobre la última dictadura cívico-militar en la Argentina, desde los legajos de cada personal imputado y otras informaciones más complejas de desclasificar como los partes internos de un regimiento, de una brigada, de un comando, que eran pruebas imprescindibles para reconstruir lo que sucedió hace tanto tiempo, teniendo en cuenta que fue un plan sistemático", comenzó diciendo.

"El trabajo de este grupo, que ahora fue desmantelado, es imperioso y así ha quedado demostrado en muchísimos juicios para identificar a los autores de determinados hechos y llegar a las condenas", dijo.

El 27 de marzo pasado, el Ministerio de Defensa echó a diez de los trece expertos que integraban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental. Los equipos habían sido creados en 2010, durante la gestión de Nilda Garré, después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la documentación sobre el período 1976-1983.

Sobre el comunicado señaló que "con toda la información que se remitió y la nota que manifiesta nuestra preocupación, se adjuntó un excel con detalles de los aportes importantes que se desarrollaron en distintas causas de todo el país. Creo que con esto el ministro Petri tiene toda la información sobre la relevancia de este equipo de trabajo, sobre el compromiso internacional que pesa sobre el Estado argentino y sobre él como funcionario para llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad".

La nota lleva las firmas de Pablo Parenti, Pablo Ouviña, Adolfo Villatte, Carlos Amad, Martín Suárez Faisal, Agustín Chit, Indiana Garzón, Alejandro Alagia, Miguel Blanco García Ordas, Diego Vigay, Miguel Palazzani, Flavio Ferrini, Marcelo García Berro, Federico Carniel, Dante Vega, Nuria Piñol, Esteban Bendersky, Carlos Gonella, Pablo Camuña, Leonardo Filippini, Gonzalo Miranda, Daniel Rodríguez Infante, Ana Oberlin, Félix Crous, Francisco Maldonado, Eduardo Villalba, Hernán Schapiro, Laura Mazzaferri, Leandro Ardoy, Álvaro Baella, Federico Reynares Solari, Juan Murray, Marcelo Obetko, Josefina Minatta, Ricardo Álvarez y el fiscal ante Casación Javier de Luca.

"Si hace algo en otro sentido, está incumpliendo estos acuerdos y es pasible de una sanción internacional. Ya existen reclamos ante la Corte Interamericana de DD.HH y la ONU por el desmantelamiento de este espacio, por lo que nuestra expectativa es que se de marcha atrás y se vuelva a conformar este grupo para avanzar en las causas que todavía están pendientes", remarcó.

"Escuchamos diversos discursos de negacionismo de algunos referentes del actual gobierno nacional, pero en la practica todavía no se vio nada. Más allá de la intencionalidad que puedan tener, existe una Constitución Nacional, un Estado de derecho, convenciones internacionales que han sido firmadas por nuestro país y sería muy grave que el Ejecutivo nacional se salga de ese esquema", advirtió.

"El gasto es mínimo para el aporte crucial que hace este equipo en los juicios por crímenes de lesa humanidad", aseveró.