Libertad Digital
La medida alcanzará a trabajadores que realizaron una jornada de protesta en reclamo de mejores condiciones laborales, actualización salarial y la reincorporación de personal cesanteado.
Desde el sindicato señalaron que los haberes afectados “no llegan a cubrir una canasta básica” y advirtieron sobre el impacto económico que tendrá la medida en numerosas familias estatales.
El secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, sostuvo que la decisión “afecta derechos laborales adquiridos” y cuestionó la falta de instancias de diálogo:
“El Gobierno no está convocando a paritarias ni recibiendo a las organizaciones sindicales para escuchar sus planteos. Los trabajadores somos quienes garantizamos servicios esenciales y necesitamos canales institucionales para resolver los conflictos”, expresó.
La organización recordó que el derecho a huelga está contemplado en la Constitución Nacional y que, según jurisprudencia de la Corte Suprema, los descuentos por medidas de fuerza solo corresponden en caso de que la protesta sea declarada ilegal.
En ese sentido, Chaparro planteó interrogantes respecto al rol del Poder Judicial:
“Si se aplican descuentos a los trabajadores por ejercer su derecho constitucional, ¿qué mecanismos existen para evaluar los incumplimientos del Estado en materia laboral? La falta de paritarias, las contrataciones irregulares y los despidos sin revisión generan preocupación y exigen respuestas institucionales”, señaló.
ATE reiteró la necesidad de abrir mesas de diálogo para evitar la profundización del conflicto y garantizar soluciones a las demandas del sector estatal.
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