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"Iniciamos un primer debate sobre esta iniciativa que busca escuchar opiniones de todos los bloques parlamentarios, para avanzar en criterios ante una futura sanción", subrayó el diputado.
De esta manera, sostuvo que se busca un nuevo enfoque basado en el marco jurídico internacional y nacional vigente, y que el comité esté integrado solamente por referentes de asociaciones civiles.
De acuerdo a la legislación vigente, el organismo está conformado por nueve miembros que representan a asociaciones civiles y cuatro que pertenecen al Estado (a través de representantes de la Justicia, el Poder Legislativo y el Ejecutivo).
Al respecto, indicó que "esta integración actual no resulta adecuada en tanto no se ajusta al Protocolo Facultativo, al generar conflicto de intereses y restarle independencia y autonomía al mecanismo".
"Se trata de integrantes provenientes de instituciones cuyo funcionamiento para la prevención, detección y sanción de la tortura y los malos tratos es frecuentemente objeto de críticas, observaciones y recomendaciones por parte de los Mecanismos de Prevención", resaltó.
Al finalizar, Sager consideró que "es importante continuar con este debate durante el receso e invitar a los demás bloques políticos para fijar posiciones, a fin de que los que integren el comité tengan garantizada la autonomía, independencia, autarquía y objetividad del mismo a través de concurso de antecedentes y oposición ante un tribunal externo".
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