El Defensor del Pueblo pidió mayores regulaciones para evitar estafas con planes de ahorro y capitalización

El defensor del Pueblo del Chaco Bernardo Voloj mantuvo un encuentro con el inspector general de Justicia de la Nación y planteó la necesidad de mejorar la regulación actual y cambiar aspectos contractuales.

Voloj estuvo en Buenos Aires llevando adelante una agenda de reuniones con diferentes funcionarios del gobierno nacional. Uno de los encuentros fue con Ricardo Nissen, inspector general de Justicia de la Nación, en donde se expusieron una serie de casos de abusos y posibles estafas a consumidores de comunidades indígenas y de zonas rurales del Chaco. La Inspección General de Justicia de la Nación es la que controla a las sociedades de capitalización y ahorro.

“Nuestro objetivo es articular acciones con otros organismos para buscar soluciones reales para los vecinos y vecinas y evitar que se sigan dando estas situaciones con empresas”, indicó el Defensor del Pueblo. Desde que comenzó su gestión frente a la Defensoría del Pueblo, Voloj visitó varias veces la zona de El Impenetrable y en los operativos se detectaron cientos de reclamos y denuncias por irregularidades con planes de ahorro y capitalización. Desde el organismo, ya se hicieron gestiones para solicitar la baja de los débitos automáticos y rescisiones de contratos en los casos donde se detectaron irregularidades. También se realizaron algunas actividades de educación para los consumidores.

“Son cerca de 200 reclamos similares los que ingresaron a la defensoría, la situación es muy preocupante porque las víctimas de estos delitos pertenecen a poblaciones vulnerables y de bajos ingresos”, precisó Voloj. Desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a la Inspección General de Justicia de la Nación que se establezcan nuevas y mejores regulaciones para las empresas que comercializan planes de ahorro y capitalización. También se pidió que los nuevos contratos estén confeccionados obligatoriamente en el idioma nativo de la persona que va a firmar.

Voloj destacó la buena predisposición del inspector general de Justicia, quien se comprometió a investigar a las empresas denunciadas y a tomar nuevas medidas de regulación para el sector. “La situación es realmente dramática, porque afecta a muchas familias que tienen muy bajos ingresos y son engañados por estas firmas comerciales, que se terminan quedando con gran parte de sus jubilaciones, planes sociales o pensiones”, señaló el Defensor del Pueblo.