El agronegocio gana terreno en el INTA: alertan por pérdida de gobernanza y tierras públicas

Según Kees, el nuevo esquema de gobernanza promueve un reordenamiento regresivo en la conducción del INTA. Actualmente, la mesa máxima está conformada por tres representantes del Gobierno, dos de universidades nacionales (una de la Facultad de Agronomía y otra de Veterinaria), y cinco miembros del sector privado.

“Cuatro de esos cinco representan a la Mesa de Enlace, muy ligados al agronegocio, y el quinto pertenece a AACREA, una entidad reconocida en el sector”, explicó.

Sin embargo, el nuevo esquema plantea eliminar a AACREA y a las universidades, reemplazándolos por nuevos representantes del Gobierno. De este modo, quedarían cuatro funcionarios nacionales y cuatro miembros del sector privado, con el presidente —designado por el Poder Ejecutivo— como voto de desempate.

“Antes había una cierta apertura hacia el ámbito académico, que forma a los técnicos que trabajan en el INTA. Esto se está perdiendo. La gobernanza deja de ser compartida para convertirse en una conducción unificada y orientada al negocio”, criticó.

¿Qué está en juego?

Kees subrayó que el INTA, además de trabajar con el sector exportador de commodities, viene desarrollando históricamente acciones junto a la agricultura familiar y los pequeños productores.

“El INTA investiga, produce semillas, acompaña al productor mediano y promueve la agricultura que abastece nuestra mesa: batata, mandioca, zapallo, cabrito, chivo, chancho... todo eso está en riesgo”, afirmó.

"Lo que está en debate es el modelo productivo rural de la Argentina que el INTA lidera con sus líneas de trabajo en territorio", sostuvo.

En este contexto, denunció que el Gobierno ya relevó unas 70 mil hectáreas que pertenecen al INTA para su futura venta. “Se están rematando propiedades rurales y urbanas, tierras donde se investiga y se desarrolla conocimiento para el país”, alertó.

Kees también señaló que programas clave como Cambio Rural —que asistía a productores medianos y periurbanos— han desaparecido. Y agregó: “Esto no es sólo una pérdida de fuentes laborales. Es la destrucción sistemática de una política pública que garantiza la soberanía alimentaria de los argentinos”.

Movilización y silencio mediático

La entrevistada participó de la tercera asamblea nacional virtual junto a profesionales y referentes de diversas regiones del país. “No soy empleada del INTA, pero trabajo en el territorio. Lo que se está perdiendo no es sólo un instituto, sino el derecho a una producción con justicia social y desarrollo sostenible”, expresó.

Destacó además que el impacto de estos cambios se ve agravado por el carácter territorial del INTA, lo cual dificulta una protesta masiva similar a la que se logró por la defensa de las universidades.

“La ruralidad está dispersa y las organizaciones están desmembradas. La única movilización fuerte se dio con la Unión de Trabajadores de la Tierra en Buenos Aires. Pero en el resto del país la situación es crítica y sin visibilidad en los medios”, afirmó.

Para Kees, lo que está en riesgo es el modelo de país: “La soberanía no es solo por Malvinas. La soberanía alimentaria es un derecho”.

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