Condenaron a 12 años de prisión al asesino de la periodista Griselda Blanco

En un juicio abreviado pleno, Darío Alfredo Ricardo Holzweissig fue condenado a 12 años y 6 meses de pri­sión por el homicidio simple de la reconocida comuni­cadora social Julia Griselda Blanco. La decisión, dictada por el doctor Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías, generó cuestio­namiento por la calificación legal del crimen, que persis­te en ignorar la perspectiva de género.

El acuerdo, alcanzado en­tre la defensa de Holzweissig y el Ministerio Público Fis­cal, representado por la doc­tora Clara Belén Arrúa, ac­tual titular de la Unidad Fis­cal de Investigaciones Con­cretas, puso fin a un proceso judicial que duró poco más de dos años. Sin embargo, la celeridad del procedimiento contrasta con la lentitud con la que la sociedad parece asi­milar y reconocer la violen­cia de género en todas sus formas. La condena por "ho­micidio simple" en un caso tan emblemático como el de Griselda Blanco, una mujer asesinada brutalmente en la intimidad de su hogar, es una bofetada a años de lu­cha por visibilizar y penali­zar el femicidio como lo que es: la expresión más extrema de la violencia machista.

El 20 de mayo de 2023, cuando la vida de Griselda Blanco fue arrebatada de la manera más cruel, Darío Alfredo Ricardo Holzweis­sig, su asesino, la apuñaló en el cuello y la estranguló con un lazo. Un acto de una violencia inusitada que dejó a Curuzú Cuatiá en shock y al periodismo de luto. La investigación, iniciada por la doctora María José Ba­rrero Sahagún y culminada por la doctora Arrúa, fue exhaustiva en el esclareci­miento de las circunstancias del crimen. Pero, a pesar de la brutalidad y la evidente asimetría de poder en la re­lación que unía a víctima y victimario, la Justicia optó por la figura del homicidio simple, una decisión que, para muchos, es inexplicable e inaceptable.

La audiencia de homo­logación, que contó con la presencia de los hijos de Gri­selda y sus representantes legales, fue un momento de profunda tristeza y resigna­ción. La Justicia en este caso se sintió incompleta. El do­lor de una familia que perdió a su madre y el de una so­ciedad que perdió a una voz crítica y valiente, se vio exa­cerbado por la sensación de que el sistema judicial, una vez más, falló en reconocer la verdadera naturaleza de un crimen contra una mujer.

La distinción entre homi­cidio simple y femicidio no es meramente una cues­tión de nomenclatura le­gal; es una declaración de principios, una forma de reconocer y combatir la violencia de género en su raíz. El femicidio, incor­porado al Código Penal argentino en 2012 (artí­culo 80, inciso 11), busca castigar con mayor rigor los asesinatos de mujeres cuan­do son perpetrados por un hombre y media la violencia de género. Esta figura penal reconoce que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino la ma­nifestación más extrema de un sistema patriarcal que las oprime y las subordina.

Cuando un crimen tan atroz como el de Griselda Blanco es calificado como homicidio simple, se despo­ja al hecho de su contexto de género. Se invisibiliza el componente machista que, en muchos casos, es el mo­tor de la agresión; se diluye la responsabilidad social y estatal en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y, lo que es aún más grave, se envía un mensaje desalentador a todas aquellas mujeres que luchan por salir de círculos de violencia, haciéndoles sentir que sus vidas y las vio­lencias que las atraviesan no son valoradas ni protegidas como deberían.

En el caso de Griselda Blanco, la ausencia de la ca­lificación de femicidio (cuya pena es perpetua) levanta interrogantes respecto a si hubo una perspectiva de género en la investigación y en la negociación del juicio abreviado. Ya en el inicio de la investigación la defensa del acusado pidió el juicio abreviado y se le fue recha­zado. 

Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te al libre ejercicio del perio­dismo.

Fuente: Norte Corrientes