Cuáles son los principales cambios del proyecto de Ley de "Bases"

Después de varias semanas de arduas negociaciones entre el oficialismo y la oposición más dialoguista, el Congreso recibió este lunes por la mañana el nuevo proyecto de "Ley Ómnibus", con varias de las modificaciones exigidas por los aliados de La Libertad Avanza, a quienes el Gobierno necesita para poder tener dictamen esta semana y pasar la medida al recinto para su media sanción en Diputados.

La movilidad jubilatoria, las privatizaciones a empresas públicas, las retenciones a las exportaciones, el blanqueo de capitales y otros temas clave en los que fue necesario consensuar -lejos de las pretensiones de aprobación directa del presidente Javier Milei “sin concesiones”- aparecen entre los artículos con cambios en relación con la propuesta inicial, girada al Poder Legislativo a comienzos de enero y que estuvo bajo la lupa en las últimas semanas, en medio de acalorados debates.

De esta forma, el proyecto pasó de 664 artículos en su versión original a 523 en el texto modificado que recibieron los legisladores y al que tuvo acceso El Canciller. Uno de los cambios más esperados tiene que ver con las jubilaciones, que en marzo de 2024 recibirán un ajuste trimestral “en base al índice de movilidad dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241”, mientras que a partir de abril se actualizarán de forma automática “conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes” y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En cuanto a las retenciones a las economías regionales, se estableció una alícuota del  0% “para todas las mercaderías correspondientes a los complejos exportadores que se consignan en el Anexo V”, a saber: Agroindustria; Infraestructura; Forestal; Minería; Gas y Petróleo; Energía y Tecnología. Asimismo, se eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación: sólo podrá reducirlos.

Con respecto a las privatizaciones, YPF quedó fuera del listado, mientras que “para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa”. Además, el proyecto especificó que “se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos”.

Sobre el blanqueo de capitales, el nuevo proyecto estableció que “los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros”. A su vez, se excluyó a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos cinco años y “a los agentes de retención con procesamiento firme”. Asimismo, el texto definió que “lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”.

Por otro lado, se acortó a un año el plazo de las delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo (con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso); se eliminó la emergencia en materia social y de defensa; se incorporaron restricciones al blanqueo y se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. 

En relación al capítulo de cultura, que fue uno de los que generó más controversias en el plano social, el nuevo proyecto reduce las modificaciones al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), aunque “preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector”. Con respecto al Fondo Nacional de las Artes (FNA), ya no se propicia su cierre “sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística” y en el caso del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) “simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura”. En tanto, “las funciones del Instituto del Teatro serán absorbidas por la secretaría de Cultura”, sin afectar sus fondos.

En tanto, temas como el proyecto de juicio por jurados, salud mental, cambios en la ley de sociedades y ciertos puntos de la reforma electoral (secciones uninominales, eliminación de las PASO y régimen de partidos políticos) fueron transferidos para su tratamiento en sesiones ordinarias.

Minutos antes de la llegada del texto con cambios que deberá dictaminar el pleno de comisiones en estos días, el Presidente reconoció que ahora existen “mejoras” en el proyecto titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, a partir de los pedidos de los sectores más afines, aunque con reparos: "Nosotros no cedemos nada, hay mejoras". Milei aseguró, además, que “la discusión es con el equilibrio fiscal en la mesa”.

Fuente: El Canciller