La Justicia procesó a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros durante su presidencia

La investigación se centra en irregularidades en al menos 45 contratos firmados por distintos organismos del Estado con Nación Seguros S.A., con la intermediación de brokers vinculados al entorno del exmandatario. El caso apunta a que, mediante el decreto 823/2021, se habría obligado a todas las dependencias estatales a contratar seguros únicamente con esa empresa, una subsidiaria del Banco Nación, lo que benefició a intermediarios privados cercanos a Fernández.

Entre los principales involucrados también se encuentran:

• Héctor Martínez Sosa, broker de seguros, amigo personal de Fernández y esposo de su exsecretaria,

• María Cantero, exsecretaria del expresidente,

• y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros.

Una prueba clave en el expediente fue un extenso informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que investigó los vínculos económicos de Fernández entre 2010 y 2019, cuando estaba fuera de la función pública. Allí se detalló que Fernández le facturó servicios a Martínez Sosa por tareas profesionales supuestamente prestadas, lo que para la Justicia refuerza la existencia de una relación económica anterior que pudo influir en decisiones posteriores desde la Casa Rosada.

Al ser citado a declarar, Fernández presentó un escrito en el que afirmó: “No comprendo los cargos que me formulan”. Además, se desligó de la autoría del decreto, asegurando que fue promovido por varias áreas del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y la propia Nación Seguros.

Con este fallo, el expresidente se convierte en el primer jefe de Estado argentino procesado por corrupción tras dejar el poder desde Carlos Menem, y el caso podría derivar en un juicio oral si el procesamiento es confirmado por la Cámara Federal.