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En este contexto dijeron: “No votamos ni por 800 millones, ni por endeudar por 96 meses, 8 años o 3 gestiones, lo que ha ocurrido es una falta grave a la institucionalidad. Somos un país republicano, las bases de nuestras vidas están fundadas en la división de poderes, en el respeto a las normas, a las Constituciones y nuestra carta orgánica. Lo dijimos en la sesión, rechazamos absolutamente el veto y aclaramos que, si se aprobaba, nos reservábamos la posibilidad de recurrir a la justicia”.
“El miércoles 6 de mayo hicimos una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia donde expusimos lo que había acontecido en la sesión y las acciones que llevó adelante el intendente. Dejamos en claro el hecho de que dentro del veto se pedía un crédito que duplicaba al que había aprobado el concejo, por ende, se necesitaba que 2/3 de los ediles voten a favor de este nuevo empréstito, cosa que no ocurrió y por lo tanto estamos frente a una ilegalidad”.
La Presidente del Bloque UCR, María Teresa Celada manifestó: “No quisimos dar difusión de las medidas que tomamos en un principio porque nosotros sí somos respetuosos de las leyes y la justicia, comprendo como abogada que los tiempos que manejamos tanto el ejecutivo como el legislativo, no son los mismo que los de la justicia, la prudencia es fundamental para no estropear el debido proceso”.
Los ediles dieron detalles de lo solicitado a la Justicia Ordinaria: “En nuestra acción de inconstitucionalidad pedimos que se anule y/o disponga la inconstitucionalidad de la Ordenanza 13270/20”.
“No nos cansaremos de decir que somos una oposición responsable, somos cautos y respetuosos, tanto de las personas como de las instituciones. Velamos por el bienestar de los ciudadanos, somos los encargados de brindar un equilibrio de poderes, nuestra opinión y trabajo sí cuenta, si el Intendente cree que sus acciones pueden darse sin el consentimiento adecuado del Concejo, se está equivocando de sistema de gobierno”, finalizaron.
Columnista: María Teresa Celada
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