Libertad Digital
"Consideramos que es importante visibilizar la inconstitucionalidad de la presentación del veto por el presidente", dijo Toribio Navarro, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.
El escrito fue presentado en el Juzgado Federal y cuenta con el apoyo de la Defensoría de los Adultos Mayores y otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Neuquén.
"Entendemos que el veto es una decisión del Poder Ejecutivo carente de razonabilidad y fundamentos que es una obligación que tiene cualquier acto del Estado, de fundarse, de motivarse, no solamente por el capricho de alguien que se cree un rey sino que tiene que estar acorde a nuestro sistema jurídico y el mismo prevé una serie de acciones positivas específicamente a algunos sectores que están estructuralmente damnificados por políticas regresivas", dijo Julio García, abogado.
"Jactarse del ahorro, entre comillas, porque vive viajando al exterior y además no conoce el interior, ni la estructura de nuestro país ni la vida de nuestra gente, es un acto de desprecio", aseveró.
"Nos parece que el Ejecutivo es un poder más del Estado que debe dar fundamento y razón de sus acciones", marcó.
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