Nación evalúa reforzar la seguridad en la triple frontera

El Gobierno nacional enviará 300 agentes a la Triple Frontera y evalúa sumar cooperación de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo sostiene que el límite territorial con Paraguay y Brasil tiene muchas filtraciones y busca reforzar los controles. Desde la propia Casa Rosada se reconoció que comenzó el despliegue de fuerzas de seguridad.

Según datos que el Ministerio de Seguridad no quiso confirmar, el domingo pasado hubo un enfrentamiento con una organización vinculada al narcotráfico, que terminó con un suboficial herido. Es por eso que preparan un nuevo operativo de fuerzas en los límites de la provincia de Misiones con los dos países vecinos. Comenzará en la ciudad de Bernardo de Irigoyen (allí hay frontera seca) y se ampliará a Puerto de Iguazú. Apunta a aumentar los agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en el territorio.

También se están terminando de definir si incluyen la participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo. "Es una alta posibilidad que las fuerzas se sumen. Los decretos que sacamos en los últimos meses lo permiten. Estamos evaluando los detalles", contaron desde el Ministerio. En ese caso, se trata de las atribuciones que el Ejecutivo les dio a las Fuerzas Armadas a través del decreto 1112/24, que las habilita a combatir enemigos externos no estatales, como organizaciones terroristas.

El Gobierno busca contrarrestar el poder del narcotráfico en la frontera y apunta a reducir sus ataques, como el robo de armas al destacamento a la base de la División de Infantería de la Unidad Regional III de Eldorado de Misiones. Implicó la pérdida de dos fusiles FAL y dos escopetas calibre 12-70 junto con el asesinato de un oficial.

Esto también debe asociarse a la reforma migratoria que se va a poner en marcha para reducir la entrega de residencias a extranjeros. Forma parte de una política restrictiva que el oficialismo busca impulsar para prevenir la llegada de enemigos extranjeros al país por las facilidades que la Ley de Migraciones (25.871) dio para la instalación de inmigrantes ilegales en la Argentina.