A más de tres años de la denuncia, piden que una causa por abuso sexual en la infancia sea elevada a juicio

Barud comentó que la víctima denunció en 2021 y hoy, terminando el año 2024, todavía no pudo iniciarse el juicio "por cuestiones meramente procesales que se dan en ocasiones por un Poder Judicial sin perspectiva de género y de niñeces e infancias".

El 5 de Abril de 2021, Jarumi Nishishinya decidió realizar la denuncia contra su tío por abusos ocurridos entre 1982 y 1985, entre sus 3 y 5 años de edad.

De acuerdo a la información de Proyecto Bohemia, la denuncia fue tomada por la Fiscalía N°15, a cargo en ese momento, de Vanesa Fonteina, que con celeridad avanzó en la investigación pertinente. En tiempo récord, en noviembre de ese mismo año, se solicitó la elevación a juicio bajo la caratula de abuso sexual y corrupción de menores. Además, de forma inédita, la fiscalía solicitó una orden de restricción de acercamiento del imputado, buscando resguardar y dar tranquilidad a la víctima hasta el inicio del juicio. 

Una vez que la causa tuvo la solicitud de elevación a juicio, pasó a la Cámara en lo Criminal N°1 donde comenzaron las demoras. En, al menos cuatro oportunidades, se anunciaron fechas para confirmar el inicio del juicio y luego fueron suspendidas.

"Una cosa es que nunca se haya fijado la fecha de juicio, pero otra muy distintas es que se fijó y se reprogramó varias veces hasta que la defensa, en uso de sus facultades y obligaciones, presentó una serie de medidas para asegurar el derecho del imputado y es por eso que nuevamente se terminó demorando hasta ahora que sigue en el Superior Tribunal de Justicia", señaló.

"Durante la etapa de investigación, que fue sumamente rápida, se llegó a escuchar su declaración testimonial, se la sometió a una pericia psicológica donde se acreditó que ella es una sobreviviente de abuso sexual en la infancia y ahí quedamos. Ahora no se está pudiendo dar el juicio", dijo.

"Este es un caso emblemático, pero lastimosamente las demoras suceden en muchísimas causas y también hay otras donde la víctima no puede contratar a un abogado por lo que recurre a la Defensoría que está saturada de casos, entonces ¿Hasta dónde se puede garantizar el acceso a la justicia de estas minorías o personas en situaciones de vulnerabilidad? ¿Hasta dónde está funcionando realmente el sistema?", cuestionó.

"Ahora estamos a la espera del STJ que debe aceptar o no el último recurso interpuesto por la defensa, luego habrá que esperar si deciden recurrir a la Corte Suprema en queja o no y posteriormente, con mucha suerte, quizás podamos hablar de un juicio y de que la justicia finalmente escuche a una sobreviviente que durante tantos años ha guardado silencio por la misma sociedad que en aquella época naturalizaba estos delitos y el entorno protegía al agresor", indicó.

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