Luego de difundir chats reveladores sobre la visita de diputados libertarios a genocidas, la legisladora nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien fuera parte de la comitiva que se presentó en Ezeiza, continuó esta noche con su arremetida contra sus colegas y divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.
"Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia", dijo este domingo en una nueva publicación en sus redes sociales sobre las capturas de pantalla en las que se puede observar la coordinación entre distintos diputados del bloque para acudir a la cárcel para establecer nexos con los detenidos por delitos de lesa humanidad.
Y continuó: "Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas". Acto seguido, la libertaria dio a conocer los proyectos de ley y un decreto que, eventualmente, intentarían que el Presidente Milei firme.
Qué dice el decreto de La Libertad Avanza para liberar genocidas
Uno de los documentos filtrados por Arrieta esta noche es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
"Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal", señala el primer artículo.
Al ser redactado con el fin de liberar a represores de la dictadura, una oración del artículo generó sorpresa debido a que hace mención al caso de que se vea afectada la democracia. Es que el texto propone que el cómputo de los 25 años "se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes".
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