Con la venia de Bullrich, el represor Alfredo Astiz disfruta de la cárcel VIP en Campo de Mayo

El Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, efectuó recientemente el traslado de varios represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo.  Este movimiento, realizado de manera discreta, ha sido objeto de críticas por parte de organismos de derechos humanos, que señalan las condiciones privilegiadas de la nueva ubicación, la cual cuenta con instalaciones como canchas de tenis y talleres culturales. 

El argumento oficial para el traslado fue la necesidad de liberar espacio en las cárceles federales debido a la sobrepoblación y para alojar a mujeres privadas de libertad.  Sin embargo, los críticos sostienen que esta medida otorga beneficios indebidos a individuos condenados por crímenes graves durante la última dictadura militar.  La Unidad 34, que había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores, fue reabierta durante el gobierno anterior y ahora alberga a más de 50 internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. 

Entre los trasladados se encuentran figuras emblemáticas del terrorismo de Estado, como Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Donda, quienes actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), así como otros involucrados en centros clandestinos como Atlético, Banco y Olimpo.  Algunos de ellos solicitaron celdas individuales y el uso de herramientas de comunicación como Skype, peticiones que fueron aceptadas por el Tribunal Oral Federal 5. 

Organismos como H.I.J.O.S Capital y la mesade organismos de derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que las sentencias por delitos de lesa humanidad deben cumplirse en condiciones equivalentes a las de otros internos, sin privilegios.  Destacan que la situación carcelaria del país requiere soluciones que garanticen los derechos de todas las personas privadas de libertad, y no acciones que beneficien a quienes han cometido crímenes de extrema gravedad. 

El traslado también incluyó a Manuel Cordero Piacentini, militar uruguayo condenado por crímenes en el marco del Plan Cóndor, y a Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia del Ejército vinculado a la represión de militantes montoneros.  Este último es padre de un funcionario cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles influencias políticas en las decisiones del SPF. 

La rapidez con la que se efectuaron estos traslados, sin el aviso previo prometido a los familiares y con la ejecución de obras en los pabellones de origen, ha incrementado las sospechas sobre la transparencia y motivaciones detrás de estas acciones.  La comunidad y los organismos de derechos humanos continúan atentos a las implicancias de estas decisiones en la política de memoria, verdad y justicia en Argentina.