El Gobierno recusará al juez Ernesto Kreplak en la causa que investiga el fentanilo contaminado

Horas después de que la Cámara de Diputados decidiera exigir explicaciones oficiales, el Gobierno resolvió recusar a Ernesto Kreplak, el juez que investiga desde hace tres meses la causa del fentanilo contaminado, por cuya administración en distintos hospitales públicos del país murieron al menos 96 personas.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, que indicaron que la relación familiar (son hermanos) entre el magistrado y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, podría afectar la imparcialidad de la investigación de un caso de alto impacto, en el que la Provincia es uno de los distritos en los que fueron distribuidas las ampollas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo con la droga contaminada.

Además, desde la Casa Rosada argumentan que el juez todavía no procesó a ninguno de los sospechosos, entre ellos Ariel García Furfaro, a cargo de HLB Pharma, el principal proveedor de fentanilo a la administración de Axel Kicillof.

Furfaro, a su vez, se desligó del tema en declaraciones a varios medios y acusó a un exsocio, al que identificó como Andrés Quinteros, al advertir que "si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo". En diálogo con La Nación, remarcó que el opioide "no tiene nada que ver con las muertes" y que "si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso".

La causa investiga la producción y distribución de anestésicos contaminados con bacterias multirresistentes. Según información oficial, más de 300.000 ampollas fueron distribuidas en hospitales y clínicas de distintas provincias, de las cuales al menos 45.000 fueron aplicadas antes de que se diera la orden de retirarlas de circulación.

Si bien hubo allanamientos, secuestro de insumos, embargos y prohibición de salida del país para 24 sospechosos, Kreplak aún no dictó procesamientos. En recientes declaraciones a Infobae, el magistrado argumentó que espera "reunir todas las pruebas para poder avanzar".

Luego de que el PRO y familiares de las víctimas reclamaran la creación de una delegación investigadora en el Congreso, la comisión de Acción Social y Salud Pública, liderada por Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, se reunió este miércoles para abordar una serie de proyectos que solicitan informes al ministerio de Salud nacional y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

"Esta es la peor situación de intoxicación, por lo menos medicamentosa, en la Argentina de nuestra historia después de la creación de la ANMAT", señaló el diputado kirchnerista.

Durante la reunión en Diputados se debatieron cinco iniciativas de resolución, entre ellas una presentada por los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, de Encuentro Federal, que solicita información sobre "la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos, especialmente el fentanilo".

En la previa de ese cónclave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó que "hay responsabilidades que las determinará la Justicia" y consideró que es evidente que "hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".