Ansiedad, chispazos y una fecha clave: la intimidad del cambio de abogados en el caso Cebra Phone

El 15 de agosto marcó un antes y un después en la vida de Braian Obregón y su pareja Agostina Antonella Vargas Vispo. Ese día, múltiples allanamientos ordenados por la Justicia Federal desembocaron en la detención del joven empresario, el secuestro de varios de sus bienes, el allanamiento de propiedades y la clausura de sus locales comerciales, todos convertidos en escenario de un mega operativo. La investigación, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, apunta a delitos de encubrimiento de contrabando agravado y lavado de activos agravado.

Dos semanas más tarde, la causa había sumado pruebas suficientes para avanzar con los procesamientos. La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió imputar formalmente a Obregón y a Vargas Vispo. En su decisión, la magistrada dispuso que la joven permaneciera en libertad para hacerse cargo de la hija que tienen en común, mientras que Obregón fue beneficiado con la prisión domiciliaria tras la gestión de su entonces abogado, Pablo Vianello. Se trató de un fallo algo inusual si se lo compara con otros expedientes recientes: ninguno de los dirigentes piqueteros detenidos en el último año por los similares delitos consiguió hasta el momento un régimen similar.

El laberinto de la tobillera y las primeras tensiones

Para que la medida se concrete, Niremperger estableció una serie de condiciones, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica, dispositivo que depende directamente del Ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, con el paso de los días, las demoras en la entrega del aparato comenzaron a generar un clima de ansiedad puertas adentro.

Según reconstruyó Libertad, el propio Vianello reclamó informes sobre los motivos de la “demora” y presentó reiterados pedidos para que, en caso de no haber disponibilidad, se evalúen medidas alternativas. La espera, sin respuestas concretas, derivó en chispazos internos entre el letrado, la familia de Obregón y la pareja del empresario.

La irrupción de Ricardo Osuna

En ese escenario apareció en escena el abogado Ricardo Osuna, quien desde este lunes confirmó a este medio que representará a Obregón y también a Vargas Vispo. El desembarco de Osuna no fue pacífico: la impaciencia por concretar la domiciliaria aceleró el desgaste con Vianello, sumado a consultas externas de la familia del empresario que terminaron de sellar la ruptura.

La propia Vargas Vispo había evaluado recurrir a la Defensoría Oficial por “razones económicas”, pero esa opción se descartó. Finalmente, Vianello presentó su renuncia y, tras horas de incertidumbre, se confirmó que Osuna asumirá la representación de ambos imputados.

El cambio de estrategia ocurre a las puertas de una instancia decisiva: en poco más de una semana, el fiscal Sabadini buscará ante la Cámara Federal revocar la prisión domiciliaria concedida a Obregón. Al mismo tiempo, Osuna deberá sostener la apelación presentada por su antecesor contra la prisión preventiva.

El desenlace de lo pueda ocurrir el próximo 23 de septiembre es incierto, sobre todo si se tiene en cuenta que el expediente incluye la figura del lavado de activos y el uso de criptomonedas, un terreno todavía incipiente en la jurisprudencia argentina.

El Caso Cebra

La causa se originó meses atrás cuando la fiscalía detectó un desfasaje millonario entre los ingresos declarados por Obregón y el estilo de vida que ostentaba en redes sociales: viajes internacionales, autos de lujo, entre ellos un BMW violeta y una Dodge RAM, y propiedades en distintos puntos del país.

Los allanamientos realizados en Resistencia y Paso de la Patria dejaron al descubierto varios bienes: más de 200 iPhones y dispositivos electrónicos de última generación, ropa deportiva de marcas internacionales, paletas de pádel, termos y hasta productos eróticos. Solo en artículos Apple, la valuación preliminar superó los 200 mil dólares.

La investigación también detectó que en algunos de sus comercios se aceptaban criptomonedas como medio de pago, lo que derivó en reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y reforzó la sospecha de maniobras de blanqueo a gran escala.