El proyecto propone la creación de una Comisión de Cierre que tendrá la tarea de auditar periódicamente organismos provinciales y recomendar su continuidad, reforma o disolución, con el fin de eliminar duplicaciones y "garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos".
Libertad Digital
Ingresó este jueves a la Legislatura chaqueña un proyecto de Ley que propone la creación de la Comisión de Cierre Provincial, un órgano técnico del Poder Legislativo destinado a evaluar periódicamente la pertinencia, eficiencia, eficacia y utilidad social de los entes, empresas, organismos y programas estatales.
El proyecto impulsado por el diputado Francisco Romero Castelán (JxC) establece que la Comisión estará conformada por 12 miembros, entre ellos cinco legisladores provinciales designados por la Cámara según la proporcionalidad de los bloques, cinco representantes del Poder Ejecutivo, y dos representantes ciudadanos, uno designado por la Presidencia de la Cámara y otro por concurso público de antecedentes convocado por el Ejecutivo.
Su mandato será de cuatro años, renovable una vez, mientras que los representantes ciudadanos cumplirán períodos de dos años, con posibilidad de reelección por un mandato más.
Entre las funciones principales, se detalla:
Un punto clave es que cada organismo deberá ser revisado al menos una vez cada 12 años, y si el proyecto de continuidad no es aprobado legislativamente, el organismo quedará automáticamente disuelto, con un año de plazo para reasignar funciones, personal y bienes.
Al fundamentar su iniciativa, Romero Castelán remarcó la crisis económica y social que atraviesa la provincia: “La Provincia del Chaco atraviesa una profunda crisis económica, con índices de pobreza que superan el 50% de la población, lo que exige racionalizar el uso del gasto público para mejorar el bienestar general”.
Según el legislador, el Estado provincial mantiene “redes institucionales con duplicaciones, superposiciones y estructuras obsoletas” que generan gastos innecesarios y limitan la inversión en áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo económico.
En esa línea, señaló: “Resulta indispensable crear un mecanismo institucional técnico-legislativo, permanente y transparente que permita evaluar periódicamente la pertinencia, eficiencia, eficacia y utilidad social de las agencias, entes, empresas y programas del Estado provincial, con vistas a su continuidad, reestructuración o eliminación”.
De aprobarse, la Comisión de Cierre deberá conformarse en un plazo máximo de 90 días desde la promulgación. En su primer bienio, deberá revisar al menos diez organismos, priorizando aquellos con mayor presupuesto y relevancia social.
“El objetivo es optimizar los recursos y garantizar que el Estado esté al servicio de la gente, sin estructuras ineficientes que consuman fondos públicos en detrimento de políticas prioritarias”, concluyó el diputado.
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