Disuelven Vialidad Nacional: en Chaco temen por el futuro de 151 trabajadores

La publicación del Decreto 461 en el Boletín Oficial oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, una medida anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni como parte de la denominada “operación motosierra” del Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Radio Libertad, Carlos Londra, histórico referente de Vialidad en Chaco, confirmó el impacto que esta noticia generó en los trabajadores. “Veíamos venir una reestructuración, pero nunca pensamos en una disolución total. Hoy estamos hablando de eso”, remarcó con preocupación.

Vialidad Nacional deja de existir: incertidumbre en las provincias

Según establece el decreto, las funciones de la DNV pasarán al Ministerio de Economía, que centralizará tareas como el mantenimiento de rutas, licitaciones y estudios técnicos, con la posibilidad de delegarlas a las provincias o al sector privado.

Londra explicó que, mientras se espera la creación de “unidades organizativas” internas, la incertidumbre domina el panorama: “No sabemos si vamos a estar todos adentro, si va a haber despidos… Se habla de una reducción del 30% del personal. Eso significaría más de 1.500 trabajadores en todo el país. Solo en el distrito Chaco somos 151 personas”.

Asambleas, cautelares y alerta gremial

En respuesta a esta situación, los trabajadores de Vialidad se encuentran en estado de asamblea en todo el país. “Estamos analizando medidas judiciales, presentaciones de cautelares y posibles acciones gremiales. Cada distrito está organizando su estrategia”, confirmó Londra.

En cuanto a la continuidad de tareas, explicó que algunas cuadrillas siguen cumpliendo funciones en el interior provincial, aunque ya fueron informadas de la situación. “Vamos a decidir todo en asamblea. La idea es consensuar los pasos a seguir, incluso si se sumarán a movilizaciones o paros junto a otras entidades como la CGT”.

Una señal preocupante para la obra pública

Desde el Gobierno, la medida fue justificada como parte de un plan para erradicar la corrupción en la obra pública. Sin embargo, trabajadores y especialistas advierten sobre el riesgo de paralizar proyectos clave de infraestructura, aumentar la tercerización y precarizar servicios. “El discurso de la eficiencia no puede construirse sobre la destrucción de instituciones técnicas con décadas de trayectoria”, opinó Londra.